El 11 de diciembre de 2025, el Presidente de los Estados Unidos firmó la Orden Ejecutiva “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”, mediante la cual se establece una política federal destinada a eliminar obstáculos normativos estatales al desarrollo de la inteligencia artificial.
Fundamento y objetivos
La norma parte de la premisa de que el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial constituye un interés estratégico vinculado a la seguridad nacional y económica. Se argumenta que la regulación fragmentada a nivel estatal genera un marco de cumplimiento excesivamente gravoso, particularmente para empresas emergentes, y que determinadas leyes estatales imponen requisitos que, a juicio del Ejecutivo federal, podrían obligar a los modelos de IA a producir resultados sesgados o inexactos.
Principales medidas
- Creación de un grupo de trabajo litigioso. Se ordena al Fiscal General (Attorney General) constituir en el plazo de 30 días un AI Litigation Task Force con la función específica de impugnar judicialmente aquellas leyes estatales sobre IA que se consideren inconstitucionales por vulnerar la cláusula de comercio interestatal, resultar incompatibles con la normativa federal vigente, o ser de otro modo contrarias a derecho.
- Evaluación de la normativa estatal. El Secretario de Comercio deberá publicar en 90 días un informe identificando las leyes estatales consideradas excesivamente restrictivas, con especial atención a aquellas que exijan a los modelos de IA alterar sus resultados o que impongan obligaciones de divulgación potencialmente contrarias a la Primera Enmienda.
- Condicionamiento de fondos federales. Se vincula la elegibilidad de los Estados para recibir fondos del programa Broadband Equity Access and Deployment (BEAD) a la ausencia de normativa estatal calificada como obstructiva. Asimismo, se insta a las agencias federales a evaluar la posibilidad de condicionar subvenciones discrecionales al compromiso de los Estados de no aplicar tales normas.
- Actuaciones regulatorias federales. Se encomienda a la Federal Communications Commission iniciar un procedimiento para determinar si procede adoptar un estándar federal de información y divulgación que desplazaría las normas estatales en conflicto. Paralelamente, la Federal Trade Commission deberá emitir un pronunciamiento sobre la aplicación de la prohibición de prácticas engañosas a los modelos de IA, aclarando en qué supuestos las leyes estatales que exijan alterar los resultados veraces de dichos modelos quedarían desplazadas por la primacía de la legislación federal.
- Propuesta legislativa. Se ordena la elaboración de una recomendación legislativa para establecer un marco federal uniforme que prevalecería sobre la normativa estatal contradictoria, si bien se excluyen expresamente de dicha prevalencia las leyes estatales relativas a protección de menores, infraestructura de centros de datos, contratación pública estatal de IA y otras materias que se determinen.