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STS 1685/2026, de 3 de noviembre: compraventa de subsuelo urbanístico y frustración del fin del contrato

1. Identificación de la resolución

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª. Sentencia núm. 1685/2026, de 3 de noviembre de 2026. Recursos extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 3722/2022. ROJ: STS 4518/2026. ECLI:ES:TS:2026:4518. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez. Procedencia: Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

2. Objeto del litigio

En 2005, una sociedad municipal de Barcelona vendió a Josel, SLU, por concurso y en 2,7 millones de euros, el volumen edificable del subsuelo de un interior de manzana del Eixample, con sujeción a un plan especial que admitía usos comerciales. El acceso dependía de una servidumbre sobre un solar municipal que después se cedió a la Generalitat para construir una residencia. Los proyectos de la compradora nunca obtuvieron licencia y la jurisdicción contencioso-administrativa confirmó la caducidad del trámite. Josel pidió la resolución del contrato por frustración de su finalidad, imputable a la vendedora y al Ayuntamiento. Las dos instancias desestimaron la demanda.

3. Doctrina establecida

La Sala desestima ambos recursos. En el de infracción procesal, la recurrente sostenía que la Audiencia había desconocido dos sentencias contencioso-administrativas firmes. El tribunal recuerda que las resoluciones de otros órdenes jurisdiccionales no producen automáticamente cosa juzgada en el civil: vinculan en la fijación de los hechos, pero cada orden puede calificarlos con arreglo a sus propias normas. En este caso no había contradicción, porque esas sentencias no declararon ningún incumplimiento de la vendedora. La del Tribunal Superior de Justicia confirmó la caducidad por deficiencias urbanísticas de los proyectos y calificó la exigencia de coordinación entre promotores como un mero voluntarismo de planeamiento. La del Juzgado anuló la licencia de la residencia solo para asegurar esa coordinación.

En casación, la Sala admite que la imposibilidad de obtener licencias puede justificar la resolución cuando frustra la finalidad determinante del contrato, incluso sin culpa de una de las partes, y cita las SSTS de 19 de enero de 1990, 1037/2003, 299/2014 y 123/2022. Pero precisa que esa doctrina exige acreditar en el caso concreto una imposibilidad definitiva, que no debe confundirse con la dificultad o el retraso, y valorar las causas de la falta de ejecución en relación con las obligaciones asumidas.

Según los hechos probados, la falta de licencia obedeció a las deficiencias de los proyectos de la compradora: el primero caducó en 2011 sin que lo impugnara y los posteriores no se subsanaron. Las servidumbres de acceso y para el suministro eléctrico debían concretarse conforme a la licencia que nunca se obtuvo, y el deber de coordinación no se configuró como obligación esencial. El transcurso de unos dieciséis años tampoco basta, por sí solo, para apreciar una ruptura de la base del negocio imputable a la vendedora, sobre todo cuando la compradora actuó como profesional y debía valorar el aprovechamiento urbanístico.

4. Fundamentos jurídicos relevantes

La sentencia aplica el artículo 1124 del Código Civil y la jurisprudencia sobre la frustración del fin del contrato. En el plano procesal se apoya en la STS 1458/2025, de 21 de octubre, en el artículo 222.4 LEC y en la STC 192/2009, sobre la vinculación a los hechos declarados por otra jurisdicción. Impone las costas de ambos recursos a la recurrente.

La resolución no altera la doctrina sobre la frustración de la finalidad negocial por impedimentos urbanísticos, pero subraya sus límites: no opera de forma automática porque el proyecto no se haya ejecutado, y requiere que la causa no sea atribuible al propio comprador. Distingue además con nitidez entre los hechos fijados por la jurisdicción contencioso-administrativa, que vinculan, y su calificación contractual, que corresponde al juez civil.

Referencias

Enlace cortocodigo-civil.es/r/e-2zfi