1. Identificación de la resolución
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª. Sentencia núm. 1686/2026, de 3 de noviembre de 2026. Recursos extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 7828/2022. ROJ: STS 4522/2026. ECLI:ES:TS:2026:4522. Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán. Procedencia: Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Málaga.
2. Objeto del litigio
Dos consumidores domiciliados en el Reino Unido pidieron la nulidad de dos contratos suscritos con el grupo Diamond Resorts: uno de 2004, celebrado en Tenerife, de adhesión a un club con «puntos» para estancias en sus complejos, y otro de 2013, de «puntos fraccionales» sobre un apartamento. Invocaban la indeterminación del objeto y la duración con arreglo a las Leyes 42/1998 y 4/2012, y el cobro de anticipos durante el plazo de desistimiento. Ambos contratos contenían una sumisión no exclusiva a los tribunales ingleses y una cláusula de elección de la ley inglesa. El Juzgado de Fuengirola y la Audiencia de Málaga estimaron la demanda aplicando la ley española.
3. Doctrina establecida
La Sala desestima el recurso por infracción procesal sobre la competencia. Con la sentencia de pleno 1427/2024, de 30 de octubre, recuerda que la acción de nulidad y restitución no entra en el foro exclusivo del artículo 24.1 del Reglamento Bruselas I bis. Al no recurrirse en reposición el auto que rechazó la declinatoria, la cuestión quedó firme y no puede controlarse de oficio como si fuera de orden público.
Respecto del contrato de 2013, estima el recurso de casación. Conforme a las sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2023 (asuntos C-632/21 y C-821/21), es válida la elección de la ley inglesa cuando coincide con la de la residencia habitual de los consumidores, porque no los priva de la protección de las normas imperativas de su país. Las disposiciones de la Ley 4/2012 que no derivan de la Directiva 2008/122/CE no son normas internacionalmente imperativas por el solo hecho de que el inmueble esté en España.
Para el contrato de 2004, anterior a Roma I, aplica el Convenio de Roma de 1980. El artículo 5 no protege al consumidor cuando los servicios se prestan exclusivamente fuera del país de su residencia, como ocurre aquí, y el límite del artículo 3.3 no opera porque no todos los elementos del contrato se localizaban en España: idioma, moneda, lugar de pago y residencia de los adquirentes remitían al Reino Unido. Elegida la ley de un Estado que había transpuesto la Directiva 93/13/CEE, tampoco pueden invocarse las normas españolas de consumo como imperativas. La Sala no considera necesario plantear cuestión prejudicial, porque la solución coincide con la del Reglamento Roma I.
En consecuencia, desestima las pretensiones de nulidad: la demanda se fundó en una ley que no es la aplicable, y el tribunal no puede resolver conforme a un derecho extranjero que no se alegó ni se probó. Inadmite también la sentencia inglesa aportada por los consumidores en casación, porque no encaja en el artículo 271.2 LEC y pretendía introducir un fundamento nuevo.
4. Fundamentos jurídicos relevantes
Además de los textos citados, la sentencia declara inadmisible, y por tanto desestima, el motivo relativo a la devolución duplicada de los anticipos del contrato de 2013, por no identificar la norma infringida. El fallo deja sin efecto la nulidad y las restituciones de 6.479,28 y 5.850 libras, sin alterar ese otro pronunciamiento.
La resolución consolida la doctrina de la STS 1427/2024 sobre los aprovechamientos por turno con consumidores británicos y la extiende expresamente a los contratos anteriores al 17 de diciembre de 2009, regidos por el Convenio de Roma. Para estos litigios, el resultado depende de alegar y probar el derecho extranjero desde la demanda.
Referencias
- Texto completo (CENDOJ): Roj STS 4522/2026, Id Cendoj 28079110012026101687,https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f436d59f732b021fa0a8778d75e36f0d/20261119
- Normativa aplicada: artículos 24, 26 y 28 del Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis); artículos 3, 6 y 9 del Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I); artículos 3 y 5 del Convenio de Roma de 1980; artículo 12 de la Directiva 2008/122/CE; artículo 6.2 de la Directiva 93/13/CEE; artículos 17 y 23.8 de la Ley 4/2012; artículos 67 y 90 TRLGDCU; artículos 66.2, 218.1 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.