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STS 1702/2026, de 10 de noviembre: lucro cesante del menor de treinta años pendiente de acceder al mercado laboral

1. Identificación de la resolución

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª. Sentencia núm. 1702/2026, de 10 de noviembre de 2026. Recurso de casación núm. 1298/2022. ROJ: STS 4533/2026. ECLI:ES:TS:2026:4533. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. Procedencia: Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Huelva.

2. Objeto del litigio

Un joven de 26 años sufrió en 2016, como ocupante de un vehículo, una lesión medular con secuelas determinantes de una incapacidad permanente total. Llegó a un acuerdo con la aseguradora sobre las lesiones y se reservó la reclamación del lucro cesante. Había llegado a España para trabajar en tareas agrícolas y, en los cinco años anteriores, solo había trabajado dos meses y veinticinco días. Pidió ser indemnizado como menor de treinta años pendiente de acceder al mercado laboral o, subsidiariamente, como desempleado. Las dos instancias le asimilaron a quien se dedica a las tareas del hogar.

3. Doctrina establecida

La Sala estima el recurso y fija la interpretación de los artículos 128, 130 y 131 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción de la Ley 35/2015, sobre los que no existía jurisprudencia. El artículo 130 es una norma especial frente a los otros dos: pretende indemnizar a los jóvenes que aún no han consolidado una trayectoria profesional, y lo hace compensando la pérdida de la capacidad futura de ganancia, porque no hay ingresos previos que reconstruir. Por eso, cuando concurren la edad y la falta de una inserción laboral consolidada, prevalece esa categoría, que incluye expresamente a los menores de treinta años dedicados a las tareas del hogar.

El artículo 128, relativo a los desempleados, presupone una incorporación efectiva y continuada al mercado laboral, con una situación de desempleo circunstancial; no se aplica por el solo hecho de no tener trabajo en la fecha del accidente. El artículo 131 exige probar que la actividad principal del lesionado consistía efectivamente en las tareas domésticas de la unidad familiar, y no funciona como categoría residual para cualquier persona inactiva. En el caso, nada acreditaba esa dedicación, y la experiencia laboral del demandante era esporádica y marginal, propia de un mercado estacional.

La Sala añade que esta lectura coincide con los criterios de buenas prácticas de la comisión de seguimiento del sistema de valoración y con la reforma de la Ley 5/2025, que reserva las tablas específicas de las personas dedicadas a las tareas del hogar a quienes tienen treinta o más años. Aunque esa reforma no es aplicable por la fecha del siniestro, la Sala la utiliza para corroborar su interpretación. Recuerda, por último, que ya antes de 2015 había interpretado el lucro cesante del baremo de forma favorable al perjudicado (sentencia de pleno de 25 de marzo de 2010).

4. Fundamentos jurídicos relevantes

Al asumir la instancia, la Sala aplica la tabla 2.C.8, que presume unos ingresos equivalentes a 0,8 veces el salario mínimo interprofesional y capitaliza la pérdida según la edad del lesionado. Resulta una indemnización de 159.488 euros; descontados los 20.353 euros ya percibidos, condena a la aseguradora a pagar 139.135 euros, con los intereses del artículo 20 LCS en los términos de la sentencia recurrida. No examina el motivo subsidiario y no impone las costas de ninguna instancia.

Es la primera interpretación de la Sala sobre la delimitación de estas tres categorías del baremo de 2015 en el cálculo del lucro cesante. La solución favorece aplicar las tablas de quienes aún no han accedido al mercado de trabajo cuando hay dudas sobre la inserción laboral del menor de treinta años, en línea con la reforma de 2025.

Referencias

  • Texto completo (CENDOJ): Roj STS 4533/2026, Id Cendoj 28079110012026101693,https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0aa453da3f96641fa0a8778d75e36f0d/20261119
  • Normativa aplicada: artículos 128, 130 y 131 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto Legislativo 8/2004), en la redacción de la Ley 35/2015; Ley 5/2025, de 24 de julio; artículo 20 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro; artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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