El 18 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la constitucionalidad de la ley de Tennessee (SB1) que prohíbe a los proveedores de salud administrar bloqueadores de la pubertad o hormonas a menores para tratar la disforia de género, el trastorno de identidad de género o la incongruencia de género.La Corte sostuvo que esta ley no viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda porque no clasifica a los menores por sexo ni por estatus transgénero, sino que se basa en la edad y el uso médico, y por tanto está sujeta a un escrutinio racional.
La ley establece dos clasificaciones principales: una basada en la edad, que permite ciertos tratamientos para adultos pero no para menores, y otra basada en el uso médico, que permite bloqueadores y hormonas para tratar ciertas condiciones médicas pero no para la disforia de género u otras condiciones relacionadas con la identidad de género. La Corte explicó que, aunque la ley menciona el sexo, no discrimina por él, ya que prohíbe el mismo tratamiento a todos los menores independientemente de su sexo biológico, y permite tratamientos similares para otras condiciones médicas sin importar el sexo del paciente.
Asimismo, la Corte rechazó que la ley discrimine por estatus transgénero, señalando que la prohibición se basa en excluir ciertas diagnósticos (disforia de género, trastorno de identidad de género e incongruencia de género) del rango de condiciones tratables con estos medicamentos, y no en la identidad transgénero en sí misma. Además, el fallo aclaró que el precedente Bostock v. Clayton County, que protege contra la discriminación laboral por orientación sexual o identidad de género, no se aplica en este contexto médico y constitucional, ya que cambiar el sexo biológico no altera la aplicación de la ley SB1.
En cuanto al estándar de revisión, la Corte aplicó el «rational basis review», que exige que la ley tenga una justificación racional y esté relacionada con un interés legítimo del Estado. Tennessee fundamentó la ley en preocupaciones sobre los riesgos médicos potenciales e irreversibles de estos tratamientos en menores, incluyendo esterilidad irreversible, riesgos de enfermedades y consecuencias psicológicas adversas, así como la falta de madurez de los menores para comprender plenamente estas consecuencias y la posibilidad de arrepentimiento posterior.También se mencionó que existen enfoques menos invasivos para tratar la discordancia entre sexo y género.
La Corte reconoció que hay un debate científico y político intenso sobre la seguridad y eficacia de estos tratamientos, y que la función judicial no es juzgar la sabiduría o lógica de la ley, sino únicamente verificar que no viole la igualdad ante la ley.Por ello, dejó las decisiones de política pública en manos de los legisladores y la sociedad a través del proceso democrático.
Finalmente, la sentencia destacó que varios países europeos han limitado o restringido estos tratamientos para menores debido a la falta de evidencia sólida sobre sus beneficios y riesgos a largo plazo.
