Los hechos
Alexander Lewis-Ranwell, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, fue detenido en dos ocasiones los días 8 y 9 de febrero de 2019 en Devon (Reino Unido) por sospecha de allanamiento y por agredir gravemente con una sierra a un anciano. Durante ambas custodias policiales se comportó de forma violenta y errática, fue visto por profesionales de salud mental de G4S Health Services y del Devon Partnership NHS Trust, y se discutió la necesidad de una evaluación psiquiátrica formal, que nunca llegó a realizarse. Fue puesto en libertad bajo fianza en ambas ocasiones.
El 10 de febrero de 2019, en pleno brote psicótico, mató a golpes a tres hombres ancianos en sus domicilios de Exeter —Anthony Payne, Richard Carter y Roger Carter— creyendo que eran pederastas. El jurado lo declaró not guilty of murder by reason of insanity. El tribunal dictó orden hospitalaria con restricciones (secciones 37 y 41, Mental Health Act 1983). Permanece internado en Broadmoor.
La reclamación y el recorrido procesal
En 2020 Lewis-Ranwell demandó a G4S, al NHS Trust, al Devon County Council y a la policía de Devon, alegando negligencia en la prestación de asistencia psiquiátrica. Reclamaba, entre otros conceptos, daños por pérdida de libertad (pasada y futura), pérdida de ingresos de por vida y una indemnidad frente a posibles reclamaciones de las familias de las víctimas.
Tres demandados (todos salvo la policía) solicitaron la inadmisión invocando la illegality defence (ex turpi causa non oritur actio). El High Court (Garnham J, 2022) rechazó la inadmisión. El Court of Appeal (febrero de 2024) confirmó por mayoría de 2 a 1: Underhill LJ, con la conformidad de Dame Victoria Sharp P., razonó que la defensa de ilegalidad no operaba donde el demandante carecía de responsabilidad penal y de culpabilidad moral; Andrews LJ discrepó. El Supreme Court admitió el recurso.
La sentencia del Supreme Court (21 de enero de 2026)
Ponencia conjunta de Lord Hodge y Lord Lloyd-Jones, con la conformidad de Lord Reed, Lady Rose y Lady Simler. Decisión unánime: estima el recurso. La reclamación de negligencia queda vedada por la doctrina de la ilegalidad.
La cuestión central: ¿se activa la defensa?
Los precedentes más próximos (Clunis, Gray, Henderson) involucraban a condenados por homicidio con responsabilidad disminuida. Lewis-Ranwell no fue condenado: obtuvo un veredicto absolutorio especial. El Court of Appeal había concluido que sin responsabilidad penal no podía activarse la excepción de Illegality Defense.
El Supreme Court lo rechaza. La diferencia entre responsabilidad disminuida e inimputabilidad es de grado dentro de un espectro de severidad de la enfermedad mental, no una distinción categórica que deba gobernar la disponibilidad de una defensa civil. Lo determinante no es la culpabilidad moral del demandante —factor relevante pero no decisivo—, sino si permitir la reclamación dañaría la coherencia del sistema jurídico, que es la razón de ser de la illegality defence tal como la definió McLachlin J en Hall v Hebert y ha sido aceptada en el Derecho inglés.
Los actos del demandante fueron ilícitos (mató a tres personas sin justificación legal), comprometieron el interés público (como demuestra la orden hospitalaria obligatoria) y activaron la defensa con independencia de la ausencia de responsabilidad penal.
Etapa (a): propósito de la prohibición transgredida
La prohibición transgredida es la más fundamental: no matarás. El Tribunal identifica cinco inconsistencias que se derivarían de permitir la reclamación:
1. Compensar al demandante por su detención hospitalaria sería inconsistente con la orden judicial que impone esa detención para proteger al público..
2. Lewis-Ranwell es civilmente responsable por battery frente a las víctimas (la locura no es defensa en tort por agresión intencional: Morriss v Marsden; Dunnage v Randall). Permitirle demandar a los servicios de salud sería incoherente con esa responsabilidad.
3. Las familias de las víctimas probablemente no podrían demandar a los mismos demandados por inexistencia de deber de cuidado hacia terceros (Palmer v Tees Health Authority; Robinson v Chief Constable of West Yorkshire). Sería difícil de justificar que el homicida pudiera reclamar a quienes las propias víctimas no pueden reclamar.
4. La pretensión de indemnidad frente a las reclamaciones de las familias de las víctimas permitiría al demandante trasladar la responsabilidad civil por sus propios homicidios a terceros.
5. La paradoja formulada por Sheller JA en el caso australiano Presland: si el paciente hubiera matado al propio psiquiatra negligente que lo puso en libertad, ¿debería el patrimonio del psiquiatra indemnizar al paciente por su consiguiente detención?
Etapa (b): otras políticas públicas
El Tribunal reconoce el interés público en que los tribunales resuelvan litigios civiles y en que las reclamaciones puedan incentivar mejores estándares de atención psiquiátrica. Señala, sin embargo, que existen procedimientos alternativos más adecuados para ese fin (en particular, las inquests, ya iniciada en este caso). Las consideraciones a favor de la denegación superan con creces las favorables a la admisión.
Etapa (c): proporcionalidad
La muerte violenta de tres hombres inocentes es de la máxima gravedad; la conducta del demandante es causa directa de todos los conceptos reclamados; y, aunque desconocía el carácter ilícito de sus actos, actuó intencionadamente. La denegación no es desproporcionada.
Correcciones a la jurisprudencia anterior
El Tribunal confirma Clunis, Gray y Henderson pero introduce dos precisiones. Rechaza expresamente el obiter de Clunis que sugería un resultado distinto para el inimputable. Y aclara que en Henderson la apreciación por la demandante de que su conducta era ilícita no era un elemento central del razonamiento de Lord Hamblen, sino un factor adicional: lo determinante era la naturaleza del acto y su conexión con la reclamación.
No obstante, la reclamación contra la policía (que no solicitó inadmisión) y las acciones fundadas en la Human Rights Act 1998 (artículos 3 y 8 CEDH), que los demandados no impugnaron, seguirán su curso.
Lewis-Ranwell (Respondent) v G4S Health Services (UK) Ltd and others (Appellants) [2026] UKSC 2, 21 de enero de 2026. Ponentes: Lord Hodge y Lord Lloyd-Jones (Lord Reed, Lady Rose y Lady Simler conformes).
https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2024_0043_judgment_6b574c28a3.pdf