1. Identificación de la norma
Ley 3/2026, de 30 de abril, de modificación de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 88, de 12 de mayo de 2026, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 279, de 9 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23389). Según su disposición final única, entra en vigor a los tres meses de su publicación en el diario autonómico.
2. Objeto
La ley se estructura en un artículo único de diecinueve apartados, una disposición transitoria y una disposición final. Su finalidad principal, según la exposición de motivos, es acomodar el régimen sancionador autonómico a la reforma del título IV del libro primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios operada por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Junto a ello, introduce cambios con incidencia en las relaciones de consumo: información sobre cesión de créditos y titulización, información en la oferta de inmuebles y, sobre todo, eficacia de los acuerdos de mediación o conciliación.
3. Mediación y conciliación de consumo
El nuevo apartado 5 del artículo 127 establece que los acuerdos alcanzados en los procedimientos de mediación o conciliación en materia de consumo tendrán carácter vinculante para las partes cuando hayan sido aceptados expresamente por estas. Dichos acuerdos podrán formalizarse por escrito y, en su caso, elevarse a escritura pública conforme a lo previsto en la legislación civil y procesal aplicable, a los efectos que en derecho correspondan. Todo ello sin perjuicio del sistema arbitral de consumo y de las acciones que las partes puedan ejercer ante los órganos jurisdiccionales.
El nuevo apartado 7 del mismo artículo dispone que la presentación de una solicitud de mediación o conciliación ante el órgano competente en materia de consumo suspenderá o interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.
Se modifica también el artículo 128.1: la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha es un órgano de naturaleza administrativa, con presupuesto independiente, adscrito a la Consejería competente en consumo, que actuará de modo descentralizado a través de órganos arbitrales en sus Delegaciones Provinciales.
4. Deberes de información
El artículo 91 obliga a las entidades que operen en Castilla-La Mancha a facilitar información a las personas consumidoras sobre la cesión de créditos al consumo y los procesos de titulización.
El artículo 92 remite la información en la oferta para la venta o el arrendamiento de inmuebles a la normativa sectorial específica y encomienda a la Consejería, con las oficinas municipales de información al consumidor, programas de atención e información en materia de vivienda que acompañen a las personas consumidoras en el proceso de contratación y financiación.
5. Régimen sancionador
Los artículos 136, 137, 139 a 141, 143 a 146, 149 y 150 se reescriben para remitir a la legislación estatal básica la clasificación y graduación de las infracciones, manteniendo un catálogo propio. Entre las infracciones graves figuran el fraude en la duración de los productos, que incluye la obsolescencia prematura; la suspensión de un servicio de carácter continuado tras una reclamación relacionada con el motivo de la suspensión mientras no se responda; la negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación; el incumplimiento de las disposiciones en materia de créditos al consumo, y las prácticas comerciales desleales que afecten a personas consumidoras vulnerables. La disposición transitoria excluye la aplicación de la ley a los procedimientos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, salvo que resulte más favorable para el presunto infractor.
La parte de mayor interés civil es la del artículo 127. La ley autonómica atribuye carácter vinculante al acuerdo de mediación expresamente aceptado y prevé su elevación a escritura pública, pero lo hace con remisiones a la legislación civil y procesal aplicable. Del mismo modo, el efecto suspensivo o interruptivo de la solicitud sobre la caducidad y la prescripción se condiciona a lo que establezca la normativa aplicable, de modo que el alcance de la regla depende de esa normativa y no de la propia ley autonómica.
Referencias
- Texto en el BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23389
- Normativa citada: artículos 91, 92, 109.2, 127.5 y 127.7, 128.1, 135 bis, 136, 137, 139 a 141, 143 a 146, 149 y 150 de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; artículo 82 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.