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UE | Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2537 de la Comisión: modelo normalizado de notificación de datos sobre insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas

Identificación de la norma

Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2537 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2026, por el que se establece el modelo normalizado de notificación de datos exigido por el artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, de 18 de noviembre de 2026 (DO L 2026/2537; CELEX 32026R2537). Se dicta al amparo del artículo 29, apartado 7, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y se ajusta al dictamen del comité previsto en su artículo 30.

Objeto y finalidad

La Directiva (UE) 2019/1023 obliga a los Estados miembros a recoger y agregar anualmente datos sobre sus procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y a comunicarlos a la Comisión. El Reglamento de Ejecución fija el formulario con que se hará esa comunicación (anexo I) y las instrucciones para cumplimentarlo (anexo II). Según sus considerandos, la finalidad es obtener datos fiables y comparables pese a la diversidad de procedimientos nacionales, para publicarlos después en un formato accesible.

Contenido principal

El artículo 2 contiene las definiciones que articulan todo el sistema. Junto a las nociones de ejercicio de referencia (año civil cerrado a 31 de diciembre) y ejercicio de notificación, define los métodos de toma de datos: agregación completa, que abarca los procedimientos tramitados ante todos los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes, y agregación a partir de muestras, limitada a algunos de ellos.

El núcleo está en una tipología autónoma de procedimientos, a efectos estadísticos, que no depende de las denominaciones nacionales:

  • procedimiento de reestructuración por insolvencia y procedimiento de liquidación por insolvencia, cuyo objeto principal es único durante toda la tramitación y en los que el deudor es insolvente;
  • procedimiento general de insolvencia, cuyo objeto (liquidación, reestructuración o cese de actividad) puede variar sin que cambie el tipo de procedimiento;
  • procedimiento de reestructuración previa a la insolvencia, con el deudor en situación de insolvencia inminente, y procedimiento general de reestructuración;
  • otro procedimiento de insolvencia y procedimiento auxiliar de insolvencia, este último para actuaciones preliminares, suspensión de ejecuciones individuales o disolución forzosa por insolvencia;
  • procedimiento de exoneración de deudas, cuyo objeto principal es la exoneración de las deudas de una persona física insolvente.

Se introduce además la categoría de subprocedimiento: la parte integrante de un procedimiento que no constituye un procedimiento independiente ni su fase de apertura. El considerando 7 precisa que la exoneración no debe tratarse como subprocedimiento por el solo hecho de integrarse en el expediente de insolvencia, siempre que el Estado miembro recoja y comunique datos estadísticamente significativos sobre ella.

Los artículos 3 a 8 concretan qué debe comunicarse. Los datos se remiten por una aplicación electrónica de la Comisión, en una lengua oficial de la Unión, e incluyen los procedimientos del anexo A del Reglamento (UE) 2015/848 y cualquier otro que encaje en las definiciones. Para la duración, los Estados expresan en días el tiempo total de tramitación y explican cuándo se entiende iniciado y concluido cada procedimiento. El artículo 5 enumera los tipos de resultado: venta de bienes, incluida la transmisión de la empresa en funcionamiento; confirmación o no confirmación del plan de reestructuración; prórroga, revocación o denegación de la exoneración; y resultado de los recursos, entre otros. El artículo 6 regula el coste medio, calculado como relación entre los costes del procedimiento (siempre con la retribución del administrador concursal) y la masa activa, el porcentaje de recuperación de los acreedores, que puede desglosarse entre acreedores con y sin garantía, el número de empresarios que inician una nueva actividad en los doce meses siguientes y los puestos de trabajo perdidos. El artículo 7 clasifica a los deudores personas jurídicas por plantilla (menos de 10, de 10 a 249, 250 o más trabajadores), y el artículo 8 fija para el muestreo un mínimo del 5 % de los expedientes y del 5 % de los órganos competentes.

Aplicación temporal

El primer ejercicio de referencia es 2027. Los Estados miembros no están obligados a comunicar datos de procedimientos iniciados antes del 17 de julio de 2022. El Reglamento entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y es directamente aplicable.

Se trata de una norma de ejecución de carácter estadístico, que no modifica el régimen sustantivo ni procesal de la insolvencia. Su relevancia práctica reside en la tipología uniforme, que obligará a cada Estado a clasificar sus instituciones nacionales en categorías comunes. En el caso español, la Directiva fue transpuesta por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que reformó el texto refundido de la Ley Concursal e introdujo, entre otras novedades, los planes de reestructuración y el procedimiento especial para microempresas, además de reordenar la exoneración del pasivo insatisfecho. La exposición de motivos de esa ley ya señalaba, con apoyo en las estadísticas, el escaso uso de la exoneración en España en comparación con otros Estados de la Unión; las series que se comuniquen a partir de 2027 permitirán contrastar esa afirmación con datos homogéneos. Queda por ver cómo se encajarán en las categorías del Reglamento figuras como el concurso, con sus fases de convenio y liquidación, o la exoneración tramitada dentro del propio concurso.

Referencias

Enlace cortocodigo-civil.es/r/e-2zeb