1. Identificación de la resolución
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª. Sentencia núm. 1684/2026, de 3 de noviembre de 2026. Recurso de casación núm. 667/2022. ROJ: STS 4480/2026. ECLI:ES:TS:2026:4480. Ponente: Excma. Sra. D.ª Raquel Blázquez Martín. Procedencia: Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
2. Objeto del litigio
Los padres de una niña nacida en 2008 ejercitaron la acción directa contra la aseguradora de una clínica y de dos pediatras cuya falta de atención en los primeros días de vida le causó graves secuelas neurológicas, con una discapacidad del 77 % y dependencia de grado III. La negligencia ya no se discutía. La indemnización se calculó aplicando de forma orientativa el baremo de tráfico de 2004. Las dos instancias negaron cualquier cantidad por lucro cesante, porque la menor no había iniciado una vida laboral que pudiera verse truncada. Recurrieron en casación los demandantes, por esa partida, y la aseguradora, por los intereses de demora.
3. Doctrina establecida
La Sala estima en parte el recurso de los demandantes. Excluir de forma absoluta el lucro cesante por el solo hecho de que la víctima no trabajaba al sufrir el daño contradice el principio de indemnidad, que rige con especial intensidad cuando el baremo se utiliza como pauta orientadora. Además, conduce a la paradoja de dejar sin compensación a quien, por su corta edad, sufre una privación de ingresos más prolongada.
Para cuantificar la partida, el tribunal aplica la doctrina sobre el lucro cesante en el sistema de 2004 y acude al factor de corrección por circunstancias excepcionales del apartado 1.º.7 del Anexo y de la tabla IV. La circunstancia excepcional es precisamente que el baremo priva de toda compensación a quien sufre el daño antes de la edad laboral, aunque conste que nunca podrá trabajar. El informe actuarial aportado, que cifraba la pérdida en 269.402,46 euros, sirve solo como referencia para medir el desajuste, no como cuantía, porque ello supondría combinar los baremos de 2004 y de 2015.
Con la pauta de la STS 321/2010, de 31 de mayo, la Sala fija un incremento del 50 % de la indemnización básica por lesiones permanentes, esto es, 144.147,70 euros. Rechaza el 75 % solicitado de forma subsidiaria, porque el factor de corrección por incapacidad absoluta ya se había aplicado en su máxima extensión. Recuerda también que, en un juicio prospectivo de normalidad, la gran mayoría de las personas que alcanzan la edad laboral acceden al trabajo, por lo que no se trata de una expectativa incierta.
El recurso de la aseguradora se desestima. Ni la negativa de los asegurados a reconocer su responsabilidad, ni los informes forenses favorables, ni la tramitación de un proceso penal previo justifican, por sí solos, la exoneración de los intereses del artículo 20.8 LCS. El devengo comienza en la fecha del siniestro, el nacimiento, porque la aseguradora no probó desconocerlo: la denuncia penal de 2010 ya la señalaba como responsable civil y ella misma proporcionó defensa a los denunciados.
4. Fundamentos jurídicos relevantes
La sentencia se apoya en la sentencia de pleno de 25 de marzo de 2010 sobre el lucro cesante en el baremo de 2004 y en la doctrina sobre los artículos 18 y 20 LCS compendiada en la STS 713/2026, de 7 de mayo. Aplica el artículo 1106 del Código Civil y el apartado 1.º.7 del Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004.
La resolución extiende la vía de las circunstancias excepcionales del baremo de 2004 a víctimas que no han alcanzado la edad laboral, supuesto que la Audiencia consideró ajeno a esa doctrina. Delimita, además, el valor de los cálculos inspirados en la Ley 35/2015: sirven para acreditar la desproporción, pero no para cuantificar. En materia de intereses, confirma la línea restrictiva sobre la causa justificada del artículo 20.8 LCS.
Referencias
- Texto completo (CENDOJ): Roj STS 4480/2026, Id Cendoj 28079110012026101664, https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dbacb984be737698a0a8778d75e36f0d/20261119
- Normativa aplicada: artículos 1106 y 1903 del Código Civil; artículos 18 y 20 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro; apartado 1.º.7 del Anexo y tabla IV del Real Decreto Legislativo 8/2004 (baremo de 2004); artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.