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Boletín de protección de datos, transparencia e IA — 4 a 6 de noviembre de 2026

Juan Antonio Garcia Garcia

Este boletín recoge cuatro novedades de la primera semana de noviembre de 2026: dos resoluciones del Comisionado de Transparencia de Canarias sobre el acceso de un aspirante al expediente de un proceso selectivo municipal, la guía conjunta de las autoridades española y griega sobre entornos de tratamiento seguro, la «AI Toolbox» de la Comisión Europea para el sector público y el repositorio «Privacy for Kids» del Comité Europeo de Protección de Datos.

1. Canarias | Comisionado de Transparencia, R706/2026 y R709/2026: acceso de un aspirante al expediente de procesos selectivos municipales

Resoluciones R706/2026 y R709/2026 de la Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, firmadas el 25 de septiembre de 2026 y publicadas en noviembre de 2026 en versión anonimizada. Ambas son estimatorias, se dictan frente al Ayuntamiento de Tinajo y traen causa del silencio administrativo ante solicitudes presentadas el 8 de junio de 2026.

1.2. Contenido y doctrina principal

Quien reclama participó como aspirante en un proceso selectivo municipal (la R706 se refiere a una plaza de técnico jurídico; la R709, según su encabezamiento y parte dispositiva, a una plaza de técnico de administración especial de Recursos Humanos, Empleo y Cometidos Múltiples, aunque sus antecedentes reproducen la referencia a la plaza de técnico jurídico). Pedía copia certificada del expediente y de las actas, resoluciones e informes posteriores a una resolución de la Alcaldía, un informe certificado de la Secretaría sobre el estado del expediente, un certificado sobre la presentación de documentación por el aspirante propuesto, la explicación de por qué no se había producido o publicado el nombramiento y el número del expediente. El Ayuntamiento no contestó ni formuló alegaciones ante el Comisionado.

El Comisionado califica la documentación de un expediente selectivo como información pública (art. 5.b) de la Ley canaria 12/2014), pero recuerda que el derecho de acceso solo alcanza a información ya existente. No permite exigir trámites que no se practicaron, la motivación de decisiones ya adoptadas, la elaboración de informes ni que se informe sobre actuaciones futuras. Por eso inadmite la reclamación en cuanto a las «actuaciones materiales»: certificar el expediente, las actas, las resoluciones y las actuaciones del aspirante propuesto, o emitir un informe que motive lo actuado.

Ello no impide que el Ayuntamiento entregue los certificados que ya consten en el expediente y copia de toda la documentación solicitada que obre en su poder, aunque no esté certificada. El número y el estado de tramitación del expediente se encauzan por la vía del interesado en el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), y no por la de transparencia.

Ante la falta de colaboración municipal, el Comisionado aplica la regla que describe como consolidada: si hay datos personales no especialmente protegidos, debe ponderarse si prevalece el interés público en su conocimiento; si se justifica con motivos razonados, se entregan, y si prevalece la protección de datos, se anonimizan antes de la entrega. El tratamiento posterior de los datos obtenidos queda sujeto a la normativa de protección de datos.

La parte dispositiva estima la reclamación, inadmite lo relativo a las actuaciones materiales, requiere la entrega de la documentación en quince días y la acreditación del cumplimiento en otros quince días hábiles, y recuerda que la reiteración en el incumplimiento puede constituir infracción grave o muy grave (art. 68 LTAIP).

1.3. Normativa aplicada

  • Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias: arts. 2, 5.b), 35, 37, 38, 43, 46, 47, 51 a 54, 63, 64, 66 a 68 y disposición adicional séptima.
  • Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias: arts. 22 y 24.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: arts. 18.1.e) y 70.3.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: arts. 21, 112.2 y 124.

Las resoluciones aplican una distinción asentada en la práctica de los órganos de garantía: el derecho de acceso recae sobre documentos que existen, no sobre la actividad de certificar, informar o justificar. La consecuencia es útil para los participantes en procesos selectivos, que conviven con dos vías de acceso: la de interesado en el procedimiento (art. 53.1.a) de la Ley 39/2015, que incluye conocer el estado de tramitación y obtener copia de los documentos) y la de transparencia, sujeta a los límites y a la ponderación de datos personales del art. 15 de la Ley estatal 19/2013 y del art. 38 de la ley canaria. En el ámbito universitario y local el criterio es directamente trasladable a las reclamaciones sobre concursos y oposiciones: la Administración debe entregar lo que obra en el expediente, aunque no se le pueda obligar por esta vía a producir certificaciones o informes nuevos.

2. UE / internacional | AEPD y Autoridad Helénica de Protección de Datos, noviembre de 2026: guía «Entornos de tratamiento seguro desde la perspectiva de la protección de datos»

Guía elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos (División de Innovación Tecnológica) y la Autoridad Helénica de Protección de Datos, fechada en noviembre de 2026. Ha contado con la revisión de expertos de Eurostat, de la Dirección General del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del Garante italiano y de la ICO británica.

2.2. Contenido principal

La guía analiza los entornos de tratamiento seguro (ETS) definidos en el art. 2.20) del Reglamento (UE) 2022/868, de Gobernanza de Datos, y exigidos para el uso secundario de datos electrónicos de salud por el art. 73 del Reglamento (UE) 2025/327, del Espacio Europeo de Datos de Salud. Su idea central es el paso de la compartición tradicional de datos al acceso controlado: el usuario trata los datos en un entorno supervisado sin que necesariamente se le transfieran, y en el caso de los datos de salud sin posibilidad de descargar datos personales.

Se insiste en que la entidad que proporciona el ETS debe mantener un control efectivo, y no meramente nominal, sobre las operaciones de tratamiento también cuando recurre a terceros. Las garantías contractuales pueden ser insuficientes sin medidas técnicas, supervisión y capacidad real de auditoría, y la certificación de seguridad por terceros, por sí sola, no basta. Se recomienda evitar, cuando sea posible, la dependencia de un solo proveedor y la concentración del control técnico de todo el entorno en un único tercero.

En gestión de riesgos, la guía expone el marco de los «Five Safes» (proyectos, personas, entornos, datos y resultados seguros) y propone evaluar cada caso con la metodología LIINE4DU de la AEPD y sus diez categorías de amenazas. Recuerda que, en el marco del Espacio Europeo de Datos de Salud, el uso secundario suele implicar tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos, por lo que la evaluación de impacto es obligatoria conforme al art. 35.3.b) del RGPD. Repasa además medidas organizativas y técnicas (cifrado homomórfico, computación segura multiparte, seudonimización, privacidad diferencial, aprendizaje federado) e incluye un caso práctico de investigación sanitaria basado en cifrado homomórfico.

2.3. Normativa aplicada

  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), en particular arts. 25 y 35.
  • Reglamento (UE) 2022/868, de Gobernanza de Datos: arts. 2.20) y 5.
  • Reglamento (UE) 2025/327, del Espacio Europeo de Datos de Salud: art. 73.

La guía es relevante para universidades y centros de investigación que preparen o usen infraestructuras de acceso a datos de salud o administrativos. Su aportación principal es traducir la exigencia de control «efectivo» en criterios verificables frente a proveedores tecnológicos, un aspecto especialmente delicado cuando el entorno se aloja en servicios en la nube de terceros.

3. UE / internacional | Comisión Europea (Interoperable Europe), noviembre de 2026: «AI Toolbox» para el sector público

3.1. Identificación de la fuente

Colección «AI in the public sector» del portal Interoperable Europe de la Comisión Europea, que incorpora la «AI Toolbox» para las administraciones públicas europeas.

3.2. Contenido principal

Según su página de presentación, la Toolbox es uno de los compromisos de la Estrategia Apply AI, que introduce la política «AI-first» y prevé iniciativas para impulsar la adopción de la IA en el sector público. Reúne herramientas, orientaciones y recursos reutilizables organizados en cuatro bloques: estándares y herramientas de IA, casos de uso, oportunidades de formación y orientación jurídica y de contratación. Se presenta como alineada con los requisitos del Reglamento de IA (explicados en el AI Act Service Desk) y complementaria de iniciativas sectoriales como la Justice IT Toolbox. La colección incluye además un apartado «PAIR Pathways», cuyo contenido no ha podido consultarse en la versión pública del portal.

3.3. Normativa de referencia

  • Reglamento (UE) 2024/1689, de Inteligencia Artificial.
  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
  • Reglamento (UE) 2024/903, sobre la Europa Interoperable.
  • Reglamento (UE) 2023/2854, de Datos.

Se trata de un repositorio de apoyo, sin valor normativo. Su utilidad para las administraciones españolas, incluidas las universidades, está en la orientación de contratación y en los casos de uso reutilizables, que pueden servir de referencia para justificar decisiones de adopción de sistemas de IA y para la documentación exigible a los responsables del despliegue.

4. UE / internacional | CEPD, 4 de noviembre de 2026: repositorio «Privacy for Kids»

4.1. Identificación de la fuente

Nota de prensa del Comité Europeo de Protección de Datos publicada en Bruselas el 4 de noviembre de 2026 («EDPB helps kids stay safe online»).

4.2. Contenido principal

El CEPD presenta «Privacy for Kids», un espacio dirigido a familias, docentes y educadores con juegos, vídeos, cuestionarios y otros materiales de las autoridades de protección de datos europeas, disponibles en varias lenguas. Los recursos se filtran por edad (3-10, 11-15 y más de 16 años), cobertura geográfica (los 27 Estados miembros, Islandia, Liechtenstein y Noruega), temas (compartir en línea, redes sociales, móviles y aplicaciones, privacidad en casa y en la escuela, ciberacoso, juguetes conectados) y formato. La nota justifica la iniciativa en la mayor vulnerabilidad de los menores en línea.

4.3. Valoración técnica

Es una iniciativa divulgativa, sin carácter normativo, coherente con la especial protección de los menores en el RGPD (considerando 38 y art. 8). Puede resultar útil para los centros educativos y para las acciones de sensibilización de los delegados de protección de datos.

Referencias

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