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Ley 13/2026, de 3 de agosto, de modificación del Código civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica

1. Identificación de la norma

Ley 13/2026, de 3 de agosto, de modificación del Código civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9722, de 4 de agosto de 2026, y en el BOE núm. 286, de 17 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-24009). Entra en vigor a los seis meses de su publicación en el DOGC (disposición final novena).

2. Finalidad y antecedentes

La ley completa la adaptación del derecho civil catalán al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, había ajustado el Código civil de Cataluña a la supresión de la modificación judicial de la capacidad operada por la Ley estatal 8/2021, de 2 de junio, y había derogado la tutela y la curatela de mayores de edad y la potestad parental prorrogada y rehabilitada. Su disposición final segunda ordenaba al Gobierno presentar un proyecto de ley con una regulación completa de los apoyos. La nueva ley deroga ese Decreto-ley.

3. Nueva sistemática del título II del libro segundo

El artículo único reordena el título II del libro segundo. El capítulo I queda reservado a las instituciones de protección de las personas menores de edad y conserva su estructura, aunque suprime la curatela de los menores emancipados, cuyos supuestos se reconducen a la defensa judicial. El capítulo II, enteramente nuevo, regula los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de los mayores de edad. El capítulo III recoge la defensa judicial como medida transitoria común a mayores y menores, y el capítulo IV la protección patrimonial (patrimonio protegido y administración especial de bienes adquiridos por donación o sucesión).

4. Los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica

El artículo 222-1 reconoce el derecho de toda persona a apoyos individualizados para adoptar decisiones con efectos jurídicos y declara que disponer de apoyos no comporta limitación alguna de la capacidad jurídica. Los apoyos son voluntarios y subsidiarios respecto de la accesibilidad universal y los ajustes razonables (artículo 222-2).

La ley distingue tres grandes tipos:

  • Apoyos no formalizados (artículos 222-11 a 222-13). Sustituyen a la antigua «guarda de hecho» respecto de los mayores de edad. Permiten ayudar, aconsejar y realizar actos de trámite que no comporten un cambio significativo en la forma de vida ni tengan especial relevancia económica, pero deben formalizarse siempre que se trate de actos o trámites con entidades financieras, autoridades judiciales, registros y notarios. La autoridad judicial puede requerir en cualquier momento información y rendición de cuentas.
  • Apoyos preventivos (artículos 222-14 a 222-26). Se constituyen en escritura pública mediante mandato o poder preventivo, con eficacia inmediata o diferida.
  • Asistencia (artículos 222-27 a 222-41). Se constituye por acuerdo notarial o por resolución judicial y admite tres modalidades: acompañamiento, cooperación y representación (artículo 222-29). La asistencia judicial de representación con limitaciones permanentes de las facultades de la persona asistida es excepcional y solo puede referirse a tipos de actos o de bienes determinados.

En la asistencia notarial, salvo la de acompañamiento, se exige un acta previa que acredite que la asistencia responde a la voluntad, las preferencias y los deseos de la persona (artículo 222-32). En la asistencia judicial se introduce un plan de asistencia (artículo 222-37), y se regula también la designación preventiva de la persona asistente en escritura pública (artículo 222-35).

5. Salvaguardas

La sección dedicada a las salvaguardas generaliza instrumentos procedentes de los cargos tutelares y añade otros nuevos. Los apoyos constituidos judicialmente se revisan de oficio cada tres años, y las asistencias notariales en los plazos fijados en su constitución, que no pueden exceder de tres años (artículo 222-47). La supervisión es obligatoria en los mandatos y poderes preventivos y en las asistencias notariales de cooperación o de representación, salvo que el cargo recaiga en el cónyuge o conviviente en pareja estable, descendientes o ascendientes (artículo 222-54). Quien presta apoyos formalizados con facultades de gestión patrimonial rinde cuentas anualmente o, si así se establece, por periodos no superiores a tres años (artículo 222-58).

El artículo 222-62 dispone que los actos realizados con intervención de un apoyo formalizado dentro de sus funciones no pueden anularse únicamente por la condición personal que dio lugar al apoyo, y regula la impugnación de los actos realizados sin la conformidad del asistente o con conflicto de intereses, abuso o influencia indebida.

6. Régimen transitorio y adaptaciones

Cinco disposiciones transitorias ordenan la revisión de las asistencias y de otras medidas judiciales anteriores, y conservan el régimen de los poderes preventivos otorgados antes de la entrada en vigor. Las disposiciones finales primera a sexta adaptan preceptos de los libros primero a sexto del Código civil de Cataluña; la séptima cambia la denominación del Registro de nombramientos tutelares no testamentarios, y la octava establece que las referencias normativas a la tutela, la curatela, la potestad parental prorrogada o rehabilitada y la guarda de hecho de mayores de edad se entienden hechas al nuevo régimen de apoyos.

Referencias

  • Texto en el BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-24009
  • Código civil de Cataluña, libro segundo, título II, artículos 221-1 a 224-10 en la redacción de la Ley 13/2026
  • Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículo 12
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