El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de publicar una sentencia fal (asunto C-247/23) que refuerza los derechos de las personas trans en relación con la rectificación de datos personales, particularmente los relativos al sexo en registros públicos.
El caso involucra a una persona refugiada iraní en Hungría, quien solicitó la rectificación de sus datos de sexo en el registro de asilo, petición que le fue denegada por no haber aportado prueba de haberse sometido a una cirugía de reasignación sexual.
Puntos clave de la sentencia:
- El TJUE confirma que el artículo 16 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) impone a las autoridades públicas la obligación de rectificar datos personales inexactos, incluidos los relativos al sexo.
- Los Estados miembros no pueden obstaculizar este derecho fundamental alegando la ausencia de procedimientos nacionales para el reconocimiento jurídico de la identidad de género.
- Aunque la persona solicitante puede estar obligada a aportar pruebas pertinentes y suficientes de la inexactitud de los datos, en ningún caso puede exigirse en vía administrativa como requisito la prueba de haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo.
- Tal exigencia menoscaba la esencia del derecho a la integridad personal (art. 3 de la Carta de Derechos Fundamentales) y el derecho a la vida privada (art. 7), siendo además innecesaria y desproporcionada.
- El tribunal señala que un certificado médico, incluido un diagnóstico psicológico, puede constituir prueba suficiente para estos efectos.
La Sentencia limita significativamente el margen de los Estados miembros para imponer requisitos desproporcionados en los procedimientos de reconocimiento de la identidad de género.
Además, el tribunal recuerda que la inexistencia de procedimientos nacionales específicos no puede utilizarse como pretexto para denegar estos derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión.
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