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TJUE | Tribunal de Justicia (Sala Tercera), 5 de noviembre de 2026, asunto C-205/25 Lindenberg: derecho de acceso ante la autoridad de control

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Identificación

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de noviembre de 2026, asunto C-205/25, Lindenberg, ECLI:EU:C:2026:933. Resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Baviera, Alemania) mediante resolución de 19 de febrero de 2025.

Objeto del litigio

El Sr. Lindenberg presentó en 2022 una reclamación ante la Oficina de Supervisión en Materia de Protección de Datos de Baviera contra un tercero. Solicitó después, al amparo del artículo 15 del RGPD, acceso a los datos de su expediente; la Oficina lo denegó invocando el artículo 20, apartado 2, de la Ley bávara de protección de datos (BayDSG), que excluye todo derecho de acceso y consulta a los expedientes y archivos de las autoridades de control. Aunque en 2024 la Oficina le dio acceso sin reconocer obligación legal, el demandante mantuvo su pretensión de que se declarase ilegal la denegación (apartados 19 a 24). El tribunal remitente pregunta si la autoridad de control es «responsable del tratamiento» frente al reclamante y, en caso afirmativo, si el artículo 23 del RGPD se opone a una exclusión total del acceso.

Doctrina

Sobre la primera cuestión, el Tribunal parte de la definición amplia de responsable del artículo 4, punto 7, del RGPD: la determinación de fines y medios puede ser implícita si se desprende con suficiente certeza de las funciones atribuidas por el Derecho de la Unión (apartados 33 y 34, con cita de la sentencia Amt der Tiroler Landesregierung, C-638/23). La autoridad que conoce de una reclamación trata los datos del reclamante, y los fines y medios de ese tratamiento derivan de las normas de la Unión que regulan su actividad; por ello es responsable del tratamiento (apartados 37 a 39). Lo contrario privaría al reclamante de los derechos del capítulo III (apartado 41). Las disposiciones que distinguen entre autoridad de control y responsable describen la situación de principio, pero no excluyen que ambas condiciones coincidan (apartado 42).

El Tribunal precisa el alcance del derecho reconocido: el artículo 15, apartado 1, otorga acceso a los datos personales del interesado y a la información sobre su tratamiento, pero no consagra un derecho general de acceso al expediente administrativo ni a todos los documentos de la autoridad (apartado 46).

Sobre la segunda cuestión, examina los tres objetivos alegados para justificar la norma bávara. La protección de los derechos de terceros (artículo 23, apartado 1, letra i) permite limitar el acceso, pero exige ponderación y, siempre que sea posible, modalidades como la ocultación o anonimización de los datos de terceros; una norma que impone denegar todo acceso sin ponderar es incompatible con esa letra (apartados 54 a 60).

El buen funcionamiento y la independencia de las autoridades de control constituyen un objetivo legítimo a efectos de la letra h), pero una prohibición general y abstracta no lo persigue de forma proporcionada. Los Estados deben dotarlas de medios (artículo 52) y el artículo 12, apartado 5, ya permite cobrar un canon o no actuar ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas (apartados 61 a 67).

La seguridad pública (letra c) solo puede invocarse ante una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, extremo que no consta en autos (apartado 68). En consecuencia, el artículo 23, apartado 1, letras c), h) e i), se opone a una disposición nacional que niega al reclamante todo acceso a sus datos personales en poder de la autoridad de control (apartado 69 y fallo).

Normativa aplicada

  • RGPD: artículos 4 (puntos 1, 2, 7 y 21), 12.5, 15, 23, 52, 57, 58 y 77; considerando 63.
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: artículo 8.
  • Derecho alemán: artículo 20 de la BayDSG.

La sentencia aplica a las autoridades de control la concepción amplia del responsable del tratamiento ya formulada en Amt der Tiroler Landesregierung y en État belge (C-231/22), y la doctrina sobre limitaciones del acceso de Dun & Bradstreet Austria (C-203/22). Su aportación consiste en situar a la autoridad que tramita una reclamación del artículo 77 en una doble posición: órgano de supervisión frente al reclamado y responsable frente al reclamante. El Tribunal apunta que la autoridad puede organizarse para que esa actuación como responsable sea controlada por otra unidad interna (apartado 43).

El objeto del derecho es el acceso a datos personales, no al expediente. Para el ordenamiento español, la doctrina afecta en términos generales a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades autonómicas de control, que al tramitar reclamaciones deben atender, como responsables, el derecho de acceso del reclamante, con las limitaciones ponderadas del artículo 23 del RGPD.

Referencias

Enlace cortocodigo-civil.es/r/e-2xny

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