La Cour de cassation de Bélgica ha emitido, 5/09/2025, un importante fallo que establece límites claros a la responsabilidad del Estado cuando el legislador aprueba leyes posteriormente declaradas inconstitucionales.
El caso: la “Fairness Tax”
La empresa EURO-M FLEXIBLE PACKAGING había pagado un impuesto especial conocido como “Fairness Tax” para el ejercicio fiscal 2016. Aunque el Tribunal Constitucional belga anuló posteriormente esta ley (del 30 de julio de 2013) por violar los artículos 10, 11 y 172 de la Constitución, mantuvo sus efectos para los ejercicios fiscales 2014-2018 por razones de seguridad jurídica y para evitar dificultades presupuestarias y administrativas.
La empresa demandó al Estado belga por responsabilidad civil, argumentando que el legislador había cometido una falta al aprobar una ley inconstitucional.
La decisión de la Cour de cassation
El tribunal supremo belga casó parcialmente el fallo de la Cour d’appel de Mons, que había condenado al Estado a indemnizar a la empresa. La Cour de cassation estableció un principio fundamental:
Cuando el Tribunal Constitucional anula una ley pero mantiene sus efectos para un período determinado, esta decisión de mantenimiento tiene autoridad absoluta de cosa juzgada.
Esto significa que:
- Los tribunales ordinarios no pueden declarar la responsabilidad del legislador por daños derivados de los efectos que el Tribunal Constitucional consideró definitivos
- Tampoco pueden hacerlo por daños ocurridos durante el período en que los efectos fueron expresamente mantenidos
Implicaciones jurídicas
Este fallo reconoce que las decisiones del Tribunal Constitucional sobre modulación temporal de sus sentencias no son meramente procesales, sino que forman parte integral de su función constitucional. El mantenimiento de efectos busca equilibrar:
- El respeto a los derechos constitucionales
- La seguridad jurídica
- Las necesidades presupuestarias del Estado
- La prevención de caos administrativo
La Cour de cassation señala que permitir acciones de responsabilidad en estos casos anularía el efecto útil de la decisión de mantenimiento del Tribunal Constitucional.
El caso ha sido remitido a la Cour d’appel de Liège para nuevo examen conforme a estos principios.
