1. Identificación de la norma
Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 279, de 9 de noviembre de 2026 (BOE-A-2026-23384). Conforme a su disposición final tercera, el real decreto y el reglamento entran en vigor a los veinte días de su publicación, salvo el derecho a la asistencia sanitaria de las personas incluidas en el artículo 58.2 c), d), e) y f), que entrará en vigor al año.
2. Objeto
Según su artículo 1, el reglamento concreta la acción protectora del Estado para mejorar las condiciones de vida de quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional, especialmente donde sea preciso complementar la protección del país de residencia, y para facilitar la integración social y laboral de quienes decidan retornar. Regula, entre otras materias, la condición y el certificado de persona española retornada, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y los Consejos de Residentes Españoles, las prestaciones por razón de necesidad, la asistencia sanitaria y las medidas en materia de retorno.
La disposición derogatoria deroga, entre otros, el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero (salvo su artículo 26), el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, y el Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre.
3. La representación de la persona en situación de incapacidad absoluta
El artículo 43 regula la prestación económica por incapacidad absoluta para personas españolas de origen residentes en el exterior. Existe incapacidad absoluta, a estos efectos, cuando las personas mayores de dieciséis y menores de sesenta y cinco años acrediten deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, que les inhabiliten por completo para toda profesión u oficio.
El apartado 6 del artículo 43 establece que la representación de estas personas se podrá acreditar mediante:
- escritura pública con poder notarial inscrita en el Registro Civil, con cláusula de subsistencia, que estipule que el poder subsiste si en el futuro la persona precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad;
- resolución judicial que determine los actos para los que la persona requiere asistencia de curador en el ejercicio de su capacidad jurídica, atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo.
Para la prestación de mayores de 65 años, el artículo 42.3 dispone que la acreditación de la representación legal de quien formule la solicitud se realizará conforme a las normas civiles del país de residencia, a través de documentación debidamente legalizada o apostillada.
4. Otras previsiones con incidencia civil
Entre los requisitos de la prestación para mayores de 65 años, el artículo 42.2.d) exige no haber donado bienes, en los cinco años anteriores a la solicitud, por un valor superior a la cuantía de la base de cálculo correspondiente al país de residencia, valorados según las normas del impuesto que grave la donación.
El artículo 54.3, sobre el pago de las prestaciones, prevé que, en caso de imposibilidad física de la persona beneficiaria para el cobro, se otorgará un poder notarial para la liquidación de sus derechos económicos cuando el importe supere 1.500 euros; por debajo de esa cifra basta la autorización de la persona beneficiaria. En ambos casos debe presentarse una fe de vida y estado expedida menos de treinta días antes del cobro.
Para acreditar la condición de persona española retornada se exige, entre otros documentos (artículo 9.2.b), el certificado literal de nacimiento del Registro Civil español, actualizado.
Se trata de un reglamento esencialmente administrativo y prestacional. Su interés para el Derecho civil se concentra en el artículo 43.6, que identifica como títulos de representación de la persona con discapacidad dos instrumentos propios del sistema de apoyos: el poder notarial con cláusula de subsistencia inscrito en el Registro Civil y la resolución judicial de curatela que determina los actos para los que se requiere la asistencia del curador. La norma no menciona otras medidas de apoyo, como la guarda de hecho, en este precepto. Por su parte, el artículo 42.3 remite, para la representación legal en la prestación de mayores de 65 años, a las normas civiles del país de residencia.
Referencias
- Texto en el BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23384
- Normativa citada: artículos 1, 42, 43 y 54 y disposición final tercera del Reglamento aprobado por el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre; Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.