Identificación
Comunicación de la Comisión «Directrices sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial)», publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, el 12 de noviembre de 2026 (DO C/2026/6005; CELEX 52026XC06005). Se adoptan al amparo del artículo 96, apartado 1, letra d), del Reglamento de IA y, como ellas mismas advierten, no son vinculantes: la interpretación auténtica corresponde al Tribunal de Justicia.
Contenido y novedades principales
Las Directrices ordenan las cuatro obligaciones del artículo 50, que pueden concurrir sobre un mismo sistema y recaer en sujetos distintos:
- Sistemas que interactúan directamente con personas físicas (apartado 1): el proveedor debe diseñarlos de modo que la persona sepa que interactúa con una IA, salvo que sea evidente para una persona normalmente informada, atenta y perspicaz, criterio que se toma expresamente del «consumidor medio» del Derecho de consumo.
- Contenido sintético (apartado 2): el proveedor debe marcar las salidas en formato legible por máquina y hacerlas detectables. Marcar sin ofrecer medios de detección no basta. Las soluciones deben ser efectivas, interoperables, sólidas y fiables en la medida técnicamente viable y conforme al estado de la técnica; se admiten matices para salidas estrictamente técnicas en entornos de empresa a empresa y para contenido efímero.
- Reconocimiento de emociones y categorización biométrica (apartado 3): el responsable del despliegue debe informar a todas las personas expuestas, menores incluidos; informar no convierte en lícito un uso que esté prohibido por el artículo 5 o por otras normas.
- Ultrafalsificaciones y textos de interés público (apartado 4): el responsable del despliegue debe revelar su origen artificial; para los textos rige una excepción cuando hay revisión humana o control editorial y alguien asume la responsabilidad editorial.
Ultrafalsificaciones: concepto y régimen atenuado
El documento descompone la definición del artículo 3, punto 60, en cuatro criterios acumulativos: semejanza apreciable; con personas, objetos, lugares, entidades o sucesos; existentes o verosímiles; y aptitud para inducir a pensar que el contenido es auténtico. La evaluación es objetiva, no exige intención de engañar y debe tener en cuenta la composición real del público previsible, con especial atención a menores, personas mayores o con menor alfabetización digital.
Para las obras manifiestamente artísticas, creativas, satíricas o de ficción, la divulgación puede hacerse de forma que no obstaculice la exhibición o el disfrute de la obra, pero el carácter de la obra debe ser evidente y estas categorías se interpretan en sentido estricto. Las Directrices subrayan que el régimen atenuado no exime de respetar la protección de datos, la propiedad intelectual ni los regímenes que protegen la imagen y la voz, y que el etiquetado no legitima contenidos ilícitos.
Textos de interés público y revisión editorial
La revisión humana ha de ser sustantiva y realizada por personas con criterio profesional; no bastan la corrección ortográfica, la mera existencia de una política editorial ni la revisión automatizada. Si la IA reformula el texto después del visto bueno editorial, la excepción se pierde. Entre los ejemplos de textos amparados figura un blog académico sometido a revisión interna por pares bajo la responsabilidad editorial del centro que lo gestiona.
Aplicación, supervisión y sanciones
El artículo 50 se aplica desde el 2 de agosto de 2026 a todos los sistemas comprendidos, con independencia de su fecha de comercialización. Según las Directrices, el Reglamento ómnibus sobre IA (Reglamento (UE) 2026/1744) concede a los proveedores de sistemas generativos ya comercializados hasta el 2 de diciembre de 2026 solo para la obligación de marcado y detección; el deber de informar en los sistemas interactivos rige desde agosto. No hay obligación de marcar con carácter retroactivo el contenido generado antes de esa fecha, aunque los textos de interés público generados antes y publicados después sí deben etiquetarse.
La adhesión a un código de buenas prácticas considerado adecuado conforme al artículo 50, apartado 7, facilita la prueba del cumplimiento y puede operar como atenuante. Las multas por incumplimiento alcanzan 15 millones de euros o el 3 % del volumen de negocios mundial, si esta cuantía es superior.
Las Directrices desplazan el foco del etiquetado hacia la cadena de responsabilidad: distinguen con precisión entre proveedor, responsable del despliegue y meros difusores (plataformas, radiodifusores), que no quedan sujetos al artículo 50 aunque se les anima a conservar las marcas. Para el Derecho civil interesa la remisión expresa a los regímenes de protección de la imagen y la voz: en Derecho español, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sigue siendo el cauce para reaccionar frente a ultrafalsificaciones que afecten al honor, la intimidad o la propia imagen, y el cumplimiento del deber de transparencia no excluye esa tutela. El recurso al estándar del consumidor medio para el apartado 1, frente al público diverso previsible para las ultrafalsificaciones, es otro punto de contacto con el Derecho de consumo.
Referencias
- Texto oficial (EUR-Lex): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52026XC06005
- Reglamento (UE) 2024/1689, artículos 3.60, 50 y 96.1.d)
- Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital sobre IA)
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen