1. Identificación de la resolución
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª. Sentencia núm. 1661/2026, de 28 de octubre de 2026. Recurso de casación núm. 2887/2020. ROJ: STS 4406/2026. ECLI:ES:TS:2026:4406. Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo. Procedencia: Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia.
2. Objeto del litigio
Una consumidora concertó en 2007 un préstamo hipotecario con la sucursal en España de Banco Espirito Santo (BES). Tras las medidas de resolución adoptadas por el Banco de Portugal el 3 de agosto de 2014, el préstamo pasó a Novo Banco, banco puente creado por esas medidas. Los acuerdos del Banco de Portugal, aclarados en diciembre de 2015, dejaron en BES las responsabilidades relacionadas con la anulación de cláusulas de préstamos concedidos por este. La prestataria demandó a Novo Banco la nulidad de las cláusulas suelo, de intereses de demora y de vencimiento anticipado, y la restitución de todo lo cobrado por la cláusula suelo desde la firma. La Audiencia Provincial estimó íntegramente la demanda y Novo Banco recurrió en casación, alegando falta de legitimación pasiva.
3. Doctrina establecida
La Sala estima en parte el recurso y reitera su doctrina (sentencias 109/2025 y 111/2025, de 22 de enero; 1134/2025, de 15 de julio; 81/2026, de 27 de enero, y 198/2026, de 10 de febrero), que distingue dos planos.
Novo Banco carece de legitimación pasiva para restituir las cantidades pagadas por la consumidora en aplicación de la cláusula suelo antes del 3 de agosto de 2014. Esa responsabilidad permaneció en el patrimonio de BES en virtud de las medidas de resolución, cuyos efectos deben reconocerse en España.
Novo Banco sí está legitimado pasivamente frente a la acción de nulidad de las cláusulas abusivas, que siguen vigentes en el contrato, y frente a la restitución de lo cobrado por la cláusula suelo después de esa fecha, cuando ya era titular del crédito.
En consecuencia, se declara la nulidad de las tres cláusulas y se condena a Novo Banco a restituir únicamente las cantidades percibidas desde el 3 de agosto de 2014, que la propia entidad había cuantificado al allanarse subsidiariamente.
4. Fundamentos jurídicos relevantes
El recurso denunciaba la infracción del artículo 19 de la Ley 6/2005, de saneamiento y liquidación de entidades de crédito. La decisión descansa en la STJUE de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-498/22 a C-500/22). Según esta, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, en relación con los artículos 17 y 38 de la Carta y el principio de seguridad jurídica, no se opone en principio a que el Estado de acogida reconozca, conforme a la Directiva 2001/24, las medidas de saneamiento del Estado de origen que crean un banco puente y mantienen en la entidad inviable la obligación de pagar lo adeudado por responsabilidad contractual o precontractual. La protección del consumidor no puede hacer abstracción del reparto de responsabilidades patrimoniales que esas medidas establecen.
En materia de costas, la Sala no impone las de casación por la estimación parcial (artículo 398.2 LEC). Mantiene la condena en costas de la primera instancia a la entidad, pese a la estimación parcial de la demanda, en aplicación de la STJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19).
Se trata de una sentencia de reiteración, que se suma a la línea iniciada en enero de 2025 tras la respuesta del TJUE. Confirma que la división de la posición contractual entre el banco puente y la entidad en resolución es oponible al consumidor español en cuanto a las restituciones anteriores a la transmisión, sin impedir el control de abusividad de las cláusulas que siguen vigentes. Mantiene, además, la protección del consumidor en materia de costas aunque la estimación de la demanda sea parcial.
Referencias
- Texto completo (CENDOJ): https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/91e94aa7c1dcd069a0a8778d75e36f0d/20261112
- Normativa aplicada: artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, de saneamiento y liquidación de las entidades de crédito; Directiva 2001/24/CE; artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE; artículos 17 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.