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El TS eleva al TJUE una cuestión clave sobre indemnizaciones en atropellos intencionados


El Tribunal Supremo español ha dado un paso significativo en la protección de las víctimas de atropellos intencionados al plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta consulta busca determinar si el actual sistema de indemnizaciones previsto en la normativa española para estos casos es conforme al derecho comunitario.

El dilema jurídico

La controversia surge en relación con las indemnizaciones que reciben las víctimas cuando son atropelladas de forma intencionada. Según la legislación española actual, estos casos quedan excluidos del sistema obligatorio de seguro de automóviles, lo que puede resultar en una protección menor para las víctimas en comparación con aquellas de accidentes no intencionados.

El Supremo quiere aclarar si esta distinción es compatible con las directivas europeas, que establecen un sistema de protección para las víctimas de accidentes de circulación que debe garantizar una compensación adecuada independientemente de las circunstancias del siniestro.

Un caso que podría sentar precedente

Esta cuestión prejudicial surge de un caso concreto que el Alto Tribunal está analizando, pero cuya resolución podría tener implicaciones para numerosas víctimas en situaciones similares. La interpretación que haga el TJUE determinará si España debe modificar su normativa para garantizar que todas las víctimas, independientemente de la intencionalidad del atropello, reciban un nivel de protección equiparable.

¿Qué está en juego?

Si el TJUE considera que la normativa española no es conforme con las directivas europeas, podría suponer:

  1. Una reforma legislativa que amplíe la cobertura obligatoria
  2. Mayores garantías para las víctimas de delitos cometidos mediante vehículos
  3. Un replanteamiento del sistema de indemnizaciones en el ámbito de los seguros de automóviles

Próximos pasos

Ahora corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizar la cuestión y emitir una sentencia interpretativa. Mientras tanto, el procedimiento judicial en España queda suspendido a la espera de esta resolución, que será vinculante no solo para este caso sino para todos los similares que puedan plantearse en el futuro.

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