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Francia | Cour de cassation, 12 de noviembre de 2026 (24-13.196): la hipoteca judicial no interrumpe la prescripción; deudas de la sociedad civil y socios

← Semanario Codigo-civil.es n.º 2 · del 9 al 15 de noviembre de 2026

1. Identificación de la resolución

Cour de cassation, Troisième chambre civile, formación de sección, sentencia de 12 de noviembre de 2026, arrêt n° 643 FS-B, pourvoi n° 24-13.196, ECLI:FR:CCASS:2026:C300643. Publicada en el Bulletin. Solución: cassation partielle, con reenvío a la cour d’appel de Rennes con distinta composición. Decisión recurrida: cour d’appel de Rennes, 19 de diciembre de 2023.

2. Objeto del litigio

Una sociedad civil inmobiliaria (SCI) fue condenada por sentencia de 28 de octubre de 2010 al pago de una suma en liquidación de una multa coercitiva (astreinte). El 9 de diciembre de 2010 las acreedoras inscribieron sobre un inmueble de la sociedad la hipoteca vinculada a la sentencia de condena. El inmueble se vendió en 2014 y, en el procedimiento de distribución del precio, en el que las acreedoras presentaron su crédito en enero de 2016, una sentencia de 7 de septiembre de 2016 declaró que no cobraban por su rango.

En julio de 2021 las acreedoras demandaron a los socios de la SCI para el pago de la deuda social. La cour d’appel declaró prescrita la acción: entendió que la prescripción frente a los socios se había consumado el 28 de octubre de 2015 y que ni la inscripción de la hipoteca ni la presentación del crédito en la distribución, dirigidas contra la sociedad, la habían interrumpido frente a ellos.

3. Doctrina establecida

La sentencia contiene dos pronunciamientos. El primero desestima el motivo de las acreedoras: la inscripción de la hipoteca judicial resultante de las sentencias, prevista en el artículo 2412 del Code civil en su redacción anterior a la ordonnance n° 2021-1192, de 15 de septiembre de 2021, y hoy denominada hipoteca legal vinculada a las sentencias de condena por el artículo 2401, no es ni una medida conservatoria adoptada en aplicación del Code des procédures civiles d’exécution ni un acto de ejecución forzosa. Por tanto, esa inscripción no interrumpe la prescripción de la acción de pago que garantiza.

El segundo, apreciado de oficio por la Sala, conduce a la casación. De los artículos 1857, 1858 y 1859 del Code civil resulta que la acción subsidiaria del acreedor contra los socios obligados por las deudas sociales está abierta mientras el crédito contra la persona jurídica no se haya extinguido, a reserva, en su caso, de que se ejercite dentro de los cinco años siguientes a la publicación de la disolución de la sociedad.

Los socios, como deudores subsidiarios del pasivo social, pueden oponer al acreedor la prescripción del crédito frente a la sociedad; y el acreedor puede oponerles los actos que interrumpen esa prescripción, aunque se hayan dirigido únicamente contra la sociedad. Como la SCI no se había disuelto, el plazo aplicable al cobro de la condena de 2010 era el decenal del artículo L. 111-4 del Code des procédures civiles d’exécution, de modo que la acción no podía declararse prescrita en 2015.

4. Fundamentos jurídicos relevantes

Para el primer pronunciamiento, la Sala recuerda que, conforme a los artículos 2240, 2241 y 2244 del Code civil, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento del deudor, por una demanda judicial, incluso en référé, por una medida conservatoria adoptada en aplicación del Code des procédures civiles d’exécution o por un acto de ejecución forzosa, y que esa enumeración es limitativa, con cita de la sentencia de la Chambre commerciale de 18 de mayo de 2022 (pourvoi n° 20-23.204).

Para el segundo, combina el régimen de la sociedad civil con el de la ejecución de los títulos judiciales: los socios responden indefinidamente de las deudas sociales en proporción a su parte en el capital (artículo 1857); el acreedor solo puede dirigirse contra ellos tras haber perseguido previa e infructuosamente a la persona jurídica (artículo 1858); las acciones contra los socios no liquidadores prescriben a los cinco años de la publicación de la disolución (artículo 1859); y la ejecución de las resoluciones judiciales con fuerza ejecutiva puede perseguirse durante diez años (artículo L. 111-4). El motivo se releva de oficio con arreglo a los artículos 620, párrafo segundo, y 1015 del Code de procédure civile.

La sentencia, de formación de sección y publicada en el Bulletin, tiene un doble alcance. En materia de garantías reales, sitúa la hipoteca derivada de una sentencia fuera del catálogo cerrado de causas de interrupción: la inscripción asegura el rango, pero no conserva la acción, y el acreedor debe vigilar por separado el plazo de prescripción del título. En materia de sociedades civiles, vincula la suerte de la acción contra los socios a la del crédito contra la sociedad: no existe un plazo autónomo que corra a favor de los socios mientras la sociedad no se disuelva, y la interrupción lograda frente a la sociedad les es oponible. La Sala no llega a pronunciarse sobre los demás motivos del recurso.

Referencias

  • Texto completo: Cour de cassation, pourvoi n° 24-13.196
  • Normativa aplicada: artículos 1857, 1858, 1859, 2240, 2241 y 2244 del Code civil; artículo 2412 del Code civil, en su redacción anterior a la ordonnance n° 2021-1192, de 15 de septiembre de 2021 (hoy artículo 2401); artículo L. 111-4 del Code des procédures civiles d’exécution.
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