De los 700.000 matrimonios que cada año acaban en divorcio en la UE, alrededor de 140.000 lo componen parejas internacionales (de distinta nacionalidad o de la misma residentes en otro país) que a la hora de la intervención judicial pueden encontrarse con tensiones adicionales a las propias de la ruptura conyugal. Catorce países de la Unión, España entre ellos, se pusieron ayer de acuerdo en pautar un procedimiento dirigido a facilitar el proceso. La medida comenzará a aplicarse dentro de 18 meses. Se trata de acabar con una normativa de divorcio que hoy varía entre países (En Malta ni siquiera existe).

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