← Semanario Codigo-civil.es n.º 2 · del 9 al 15 de noviembre de 2026
1. Identificación
Resolución de 12 de noviembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (BOE núm. 283, de 13 de noviembre de 2026, BOE-A-2026-23755).
2. El acuerdo
Conforme al artículo 86.2 de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso convalidó en su sesión de 12 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE núm. 249, de 7 de octubre. En la misma sesión derogó el Real Decreto-ley 28/2026, que había reformado de nuevo el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Real Decreto-ley 29/2026 es una norma extensa, con medidas fiscales, financieras y organizativas; aquí se recogen las de contenido civil y procesal.
3. Suspensión de desahucios de personas vulnerables
El artículo 2 establece, hasta el 31 de diciembre de 2030, dos regímenes. Cuando el demandante sea una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado y el demandado sea vulnerable sin alternativa habitacional, el tribunal suspenderá el proceso por auto, incluso tras sentencia o auto de lanzamiento no ejecutado. Quedan fuera los entes públicos dedicados a vivienda social y asequible. Para otros demandantes, el tribunal recabará informe de la administración competente y, si no se ofrece alternativa habitacional, suspenderá el proceso con revisión cada doce meses y un máximo de tres años; la administración asumirá la compensación al demandante persona física o dedicado al alquiler asequible o social, limitada a la renta dejada de percibir, suministros impagados y costas.
4. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos
El artículo 3 modifica la LAU. Entre otras novedades:
- Redefine el arrendamiento de vivienda habitual, incluido el de habitación o estancia, y el arrendamiento de vivienda temporal, que exige desplazamiento temporal del arrendatario por causa justificada y acreditable.
- Los contratos de vivienda temporal deben expresar la causa, cuya prueba corresponde al arrendador; sin ella quedan sujetos al régimen de la vivienda habitual con efectos retroactivos. Su duración, regulada en el nuevo artículo 9 bis, ha de superar treinta y un días y no exceder, como regla general, de doce meses.
- El artículo 10 mantiene la prórroga obligatoria por plazos anuales hasta tres años, con preaviso de cuatro meses para el arrendador, y añade prórrogas extraordinarias para arrendatarios vulnerables frente a grandes tenedores y en zonas de mercado residencial tensionado.
- El artículo 11 permite el desistimiento sin indemnización tras seis meses, o tras un mes en la vivienda temporal.
- Se incorpora a la LAU un régimen de infracciones y sanciones.
5. Prórroga extraordinaria y actualización de rentas
La disposición final quinta reconoce al arrendatario al corriente de pago durante los ocho meses anteriores una prórroga extraordinaria por plazos anuales, hasta dos años, en los contratos vigentes cuya prórroga obligatoria del artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2028, o cuya prórroga tácita o tácita reconducción finalice. El arrendador debe aceptarla salvo acuerdo distinto, nuevo contrato o necesidad de la vivienda comunicada conforme al artículo 9.3 LAU, aunque esa facultad no se hubiera previsto en el contrato. No se aplica si las partes renuevan o celebran nuevo contrato con una renta al menos un cinco por ciento inferior.
La disposición final sexta limita la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027: no procede incremento alguno si la renta supera el límite del sistema de índices de referencia y, en los demás casos, a falta de nuevo pacto, el incremento no puede exceder del dos por ciento.
6. Ejecución hipotecaria y cesión de créditos
El artículo 5 modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil: la demanda de ejecución hipotecaria debe indicar si la finca es vivienda habitual y si el ejecutante es gran tenedor, acreditando lo contrario con certificación registral (artículo 685.2), y un nuevo artículo 22.6 permite que la administración enerve el desahucio por impago del arrendatario vulnerable o quede subrogada en su posición deudora. La disposición final primera añade un artículo 25 bis a la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, sobre la cesión de créditos: el prestatario conserva frente al cesionario las excepciones oponibles al cedente y se prohíbe ceder préstamos hipotecarios vencidos de deudores acogidos al Real Decreto-ley 6/2012. El artículo 15 añade a los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria los componentes industrializados para la construcción de edificios.
Referencias
- Texto oficial de la convalidación: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23755
- Real Decreto-ley 29/2026: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20823
- Normativa citada: Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (arts. 2, 7, 9, 9 bis, 10, 11); Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (arts. 22.6 y 685.2); Ley 5/2019 (art. 25 bis); Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria (art. 12).
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