1. Identificación de la resolución
Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 1.ª Secção, acórdão de 10 de noviembre de 2026, processo n.º 1422/20.6T8AVR.P1.S1. Relator: José Igreja Matos. Recursos de revista de la clínica demandada y de su aseguradora, interviniente accesoria, contra el acórdão del Tribunal da Relação do Porto de 9 de marzo de 2026. Decisión unánime: se niegan ambas revistas y se confirma la condena de la clínica a pagar 4.128,66 euros por daños patrimoniales y 40.000 euros por daños morales.
2. Objeto del litigio
Un paciente de 55 años, sano, se sometió en 2014 en una clínica privada a una colonoscopia sin sedación prescrita por su médica de cabecera; durante el examen se le extirpó un pólipo (polipectomia). Esa tarde volvió a la clínica con molestias y no fue visto por médico ni enfermero. De madrugada se le diagnosticó en urgencias una perforación iatrogénica del colon sigmoide, que exigió laparotomía y colostomía temporal. La primera instancia absolvió; la Relação condenó a la clínica por cumplimiento defectuoso y por falta de consentimiento informado.
3. Doctrina establecida
La relación es un contrato total: el paciente contrató con la clínica, que fijó la cita, cobró el precio y designó al médico, de modo que responde de los actos de este como si fueran propios (art. 800.º, n.º 1, del Código Civil).
El STJ no acompaña sin reservas la calificación de la obligación como de resultado, porque la polipectomia añade al examen diagnóstico un acto terapéutico con riesgo propio. Pero entiende que esa calificación no es decisiva: la prestación principal se cumplió y lo discutido es la lesión de la integridad física causada al ejecutarla. La perforación del órgano examinado viola el deber accesorio de protección que la buena fe integra en el contrato (art. 762.º, n.º 2) y constituye cumplimiento defectuoso, con presunción de culpa del deudor (art. 799.º, n.º 1).
Para destruir esa presunción, la clínica debía probar los procedimientos empleados, su adecuación y lo hecho para evitar la perforación. La experiencia del médico, la monitorización y la ausencia de incidencias registradas no bastan, porque las complicaciones de la polipectomia pueden manifestarse horas después.
En cuanto al consentimiento, operando como causa de exclusión de la ilicitud (art. 340.º), es un hecho impeditivo cuya prueba corresponde al médico o a la entidad prestadora (art. 342.º, n.º 2). Un impreso genérico que no menciona el riesgo de perforación, no tiene marcada la polipectomia y autoriza «todo lo necesario» ante complicaciones no prueba un consentimiento esclarecido sobre ese riesgo.
4. Fundamentos jurídicos relevantes
El tribunal funda la exigencia de consentimiento libre y esclarecido en los arts. 70.º y 81.º del Código Civil, el art. 5.º del Convenio de Oviedo, el art. 157.º del Código Penal y, a la fecha de los hechos, el art. 44.º del Código Deontológico de la Ordem dos Médicos. La suficiencia de la información se mide por lo que un paciente medio consideraría relevante, no por la práctica clínica corriente, y la exigencia es mayor en exámenes programados sin finalidad terapéutica inmediata.
Frente a la línea que exige al paciente probar la violación de las leges artis antes de presumir la culpa (acórdão de 21 de febrero de 2019), el STJ la considera inaplicable al caso: la lesión afecta al propio órgano intervenido en un examen programado; con una tasa de perforación del 0,06 % la lesión es indicio de ejecución inadecuada (prueba de primera apariencia y doctrina del «daño desproporcionado»); y la asimetría de información impide al paciente describir la técnica. Sigue de cerca los acórdãos de 1 de octubre de 2015 y 22 de marzo de 2018, ambos sobre perforación en colonoscopia.
En el plano procesal, confirma que la Relação pudo tener por no escritas, de oficio, las afirmaciones conclusivas sobre el respeto de las leges artis, y que no debía renovar la prueba testifical cuando no albergaba dudas sobre la credibilidad del testigo.
La resolución articula los dos fundamentos como mutuamente sostenidos: si la perforación es un riesgo inherente, su licitud depende de un consentimiento informado que no se probó; si el consentimiento cubría el riesgo, subsiste la responsabilidad por presunción de culpa no destruida. Sitúa la discusión en los deberes accesorios de protección más que en la dicotomía obligación de medios o de resultado, y precisa que el consentimiento hipotético es un hecho impeditivo que debe alegar y probar el deudor.
Referencias
- Texto completo (DGSI): https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/472d8f2a0c5f9d6880258eb2003ed0ca?OpenDocument
- Normativa aplicada: arts. 70.º, 81.º, 236.º, 340.º, 342.º, 352.º, 360.º, 563.º, 762.º, 799.º y 800.º del Código Civil portugués; art. 5.º del Convenio de Oviedo; art. 157.º del Código Penal portugués; arts. 607.º y 662.º del Código de Processo Civil.