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UE | Parlamento Europeo: aspectos institucionales de la inteligencia artificial

Identificación

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de noviembre de 2026, sobre los aspectos institucionales de la inteligencia artificial en el contexto de la integración europea, aprobada por el Pleno. Referencia del texto aprobado: P10_TA(2026)0378 (TA-10-2026-0378). Procedimiento de iniciativa propia 2025/2118(INI), sobre la base del informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) A10-0280/2026. Según la ficha del Observatorio Legislativo, el ponente fue Emmanouil Kefalogiannis (PPE). El texto consultado no recoge el resultado numérico de la votación.

Contenido principal

La resolución parte de que la gobernanza de la IA no es solo una cuestión de regulación técnica, sino que afecta al ejercicio de la autoridad pública, a la legitimidad democrática y al equilibrio institucional del artículo 13 del TUE (apartado 1). Insiste en el principio de un «responsable humano de la toma de decisiones» como elemento del Derecho institucional de la Unión (apartado 3), en la supervisión humana efectiva de las herramientas de IA usadas por las instituciones (apartado 4) y en que la IA debe ser una herramienta auxiliar en el ámbito jurídico, sin intervenir en la toma de decisiones judiciales ni sustituir el papel de los tribunales (apartado 40). Pide también que se reconozca el derecho a una intervención humana significativa en las decisiones adoptadas o apoyadas por sistemas de IA en las administraciones públicas (apartado 64) y el derecho a una explicación y a la revisión humana de las decisiones automatizadas en las instituciones de la Unión (apartado 37).

En el plano de los derechos fundamentales, solicita modificar la Carta de los Derechos Fundamentales para incluir nuevos derechos vinculados al uso generalizado de la IA, como la protección de la identidad personal y la imagen frente a las ultrafalsificaciones, la transparencia algorítmica, la autodeterminación digital y la protección frente a la discriminación algorítmica, junto con un principio de rendición de cuentas y responsabilidad por daños (apartado 6). Añade que los proveedores, responsables del despliegue y demás agentes de la cadena de valor deben responder según su papel y nivel de control, sin trasladar esa responsabilidad a usuarios finales, consumidores o trabajadores (apartado 16).

En el plano organizativo, propone estudiar la creación de una unidad administrativa denominada Observatorio de la IA del Parlamento Europeo, de carácter horizontal y de apoyo, sin impacto presupuestario y basada en los servicios existentes, con funciones de evaluación ex post de la legislación sobre IA y de informe periódico a la Comisión AFCO (apartados 31, 32 y 35). Pide a la presidencia del Consejo de IA que invite a ese Observatorio, si se crea, a sus reuniones (apartado 49) y reclama recursos suficientes para la Oficina de IA de la Comisión (apartado 33).

En el plano exterior y electoral, sugiere un convenio o tratado internacional sobre IA con mecanismos de supervisión a escala mundial (apartados 23 y 26), defiende la participación del Parlamento en foros multilaterales (apartado 19) y considera insuficiente el marco electoral de la Decisión (UE, Euratom) 2018/994, por lo que propone reformas conforme al artículo 223 del TFUE para abordar el uso de la IA en campañas, publicidad política y segmentación de votantes (apartado 58).

Alcance jurídico

Se trata de una resolución no legislativa adoptada en un procedimiento de iniciativa propia, sin efectos jurídicos vinculantes; expresa la posición política del Parlamento y se transmite al Consejo y a la Comisión (apartado 65). Toma como referencia el Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial), cuya aplicación sistemática y uniforme solicita (apartados 2 y 44), y menciona expresamente sus artículos 65, apartado 2, 70 y 77 (considerandos W y AK y apartado 50). Alude también a las propuestas ómnibus digitales de 19 de noviembre de 2025 y al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA (apartados 25 y 61).

El texto combina dos líneas: la exigencia de supervisión humana, rendición de cuentas y garantías frente a decisiones automatizadas, y la preocupación por la competitividad, la soberanía tecnológica y la reducción de cargas administrativas y de fragmentación normativa (apartados 39, 43 y 45). Su contenido se dirige sobre todo a la organización interna del Parlamento y a las relaciones interinstitucionales. En el plano jurídico, la afirmación del carácter auxiliar de la IA en el ámbito judicial, la propuesta de nuevos derechos en la Carta y el criterio de imputación de responsabilidad según el papel en la cadena de valor aparecen formulados como orientaciones políticas sin desarrollo normativo concreto.

Referencias

Enlace cortocodigo-civil.es/r/e-2xo8