El Consejo de la Unión Europea adoptó el 19 de noviembre de 2026 el Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de medidas, y la cooperación en materia de protección de adultos. Con ese acto concluye el procedimiento legislativo abierto en 2023 y la Unión pasa a tener, por primera vez, un instrumento propio de Derecho internacional privado para las medidas de apoyo y los poderes de representación de los mayores de edad que no pueden atender por sí solos sus intereses, con un certificado europeo que acredita las facultades del representante en los demás Estados miembros.
Identificación
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de medidas, y la cooperación en materia de protección de adultos (expediente interinstitucional 2023/0169(COD)). Procede de la propuesta de la Comisión de 31 de mayo de 2023, COM(2023) 280, y se tramita por el procedimiento legislativo ordinario.
El texto que aquí se resume es el documento PE-CONS 34/26, de 4 de noviembre de 2026, es decir, la versión del acto preparada para su adopción y firma, en la que el número del Reglamento y la fecha figuran todavía en blanco. A la fecha de esta entrada no se ha localizado su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, de modo que el número definitivo queda pendiente.
La adopción formal por el Consejo consta por su nota de prensa de 19 de noviembre de 2026, de la que se da cuenta vía prensa, a través de las informaciones de las agencias EFE y Europa Press. Según Europa Press, el Parlamento Europeo había aprobado el texto el 20 de octubre de 2026 por 531 votos a favor, 93 en contra y 41 abstenciones, tras el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo en mayo de 2026.
Contenido
Ámbito. El Reglamento se aplica, en situaciones transfronterizas y en materia civil, a la protección de los adultos —personas de dieciocho años o más— que no están en condiciones de proteger sus intereses, y comprende tanto las medidas adoptadas por una autoridad como los poderes de representación otorgados por el propio interesado (arts. 2 y 3). Quedan fuera, entre otras materias, las obligaciones de alimentos, el matrimonio y los regímenes matrimoniales, los trusts y las sucesiones, la seguridad social, las medidas penales y las de asilo e inmigración (art. 2).
Competencia y ley aplicable. El Reglamento no construye un sistema nuevo, sino que incorpora por remisión el Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre protección internacional de los adultos: la competencia se rige por su capítulo II (art. 5) y la ley aplicable por su capítulo III (art. 9). A ello añade un foro propio de elección por el adulto (art. 6): son competentes los tribunales de un Estado miembro distinto del de la residencia habitual si el adulto los eligió cuando podía hacerlo, por escrito fechado y firmado; si ese Estado tenía vínculo con él (nacionalidad, residencia habitual propia o de una persona allegada dispuesta a asumir su protección, o situación de sus bienes); si la elección no es contraria a su interés, y si los tribunales competentes conforme al Convenio no han ejercido su competencia. Ese foro no es exclusivo (art. 7).
Reconocimiento y ejecución. Las medidas adoptadas en un Estado miembro se reconocen en los demás sin procedimiento especial (art. 13) y las que tienen fuerza ejecutiva en el Estado de origen la tienen en el resto sin declaración de ejecutoriedad (art. 15), sin revisión en cuanto al fondo (art. 17). El reconocimiento se deniega si es manifiestamente contrario al orden público, si la medida es incompatible con otra posterior que reúna los requisitos para ser reconocida o si no se siguió el procedimiento previsto para la colocación del adulto en otro Estado o para la designación como representante de una autoridad de otro Estado; puede denegarse, además, cuando la medida se adoptó sin dar al adulto una oportunidad real y efectiva de ser oído, salvo que hubiera motivos serios para ello, en particular la urgencia (art. 14). Los documentos públicos tienen en los demás Estados miembros el mismo valor probatorio que en el de origen, o el efecto más próximo posible (art. 21), y no se exige legalización (art. 58).
Certificado europeo de apoyo y representación. Es la principal novedad material (arts. 40 a 50). Lo solicita el adulto o su representante y lo expide la autoridad designada por el Estado miembro en el que se adoptó la medida o se confirmaron los poderes de representación, tras comprobar que siguen vigentes y no han sido sustituidos. Su uso es facultativo y no reemplaza a los documentos internos. Surte efecto en todos los Estados miembros sin procedimiento especial: se presume que el representante tiene las facultades que el certificado indica y quien trata con él confiando en su contenido queda protegido, salvo que conociera su inexactitud o la ignorase por negligencia grave (art. 46). La validez es de un año, ajustable según la medida, sin superar los cinco. Las tasas no pueden exceder de los costes administrativos ni disuadir de solicitarlo (art. 43) y, si el Derecho nacional lo permite, puede expedirse en formato digital, también como declaración de atributos en la cartera europea de identidad digital (art. 47). Según el modelo del anexo III, el certificado no produce efectos en Dinamarca ni en Irlanda.
Cooperación, comunicación electrónica y aplicación. Cada Estado designa autoridades centrales (art. 23) y las comunicaciones entre tribunales y autoridades se harán por un sistema informático descentralizado, con un punto de acceso electrónico europeo para los particulares (arts. 51 y 52). Entre Estados miembros el Reglamento prevalece sobre el Convenio de La Haya de 2000 (art. 61). Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y se aplica treinta meses después, con excepciones: la comunicación electrónica de los artículos 51 y 52 queda diferida a cuatro años después de los actos de ejecución de la Comisión (art. 72). Se aplica también a los poderes de representación ya existentes en la fecha de aplicación (art. 71).
Interés para el Derecho civil
El Reglamento afecta de lleno al Derecho de la persona. Su objeto no son solo las medidas judiciales, sino también los poderes de representación otorgados por el interesado en previsión de una futura pérdida de facultades, cuya circulación entre Estados miembros queda ahora sometida a reglas uniformes de ley aplicable —las del Convenio de La Haya de 2000, que pasan a regir entre los Estados miembros por remisión del propio Reglamento— y respaldada por un certificado que protege al tercero que contrata con el representante. La definición de «tribunal» comprende cualquier autoridad competente para adoptar medidas, y los considerandos contemplan expresamente la intervención de los notarios.
Tiene interés, además, el encaje con las materias excluidas: el Reglamento no se ocupa de las sucesiones, pero permite que el tribunal que conoce de una sucesión resuelva de forma incidental sobre la representación de un adulto, con efectos limitados a ese proceso (art. 8). La propuesta de la Comisión de 2023 iba acompañada de otra, COM(2023) 281, de Decisión del Consejo para autorizar a los Estados miembros a adherirse al Convenio de La Haya de 2000; su estado de tramitación no se ha comprobado para esta entrada.
Referencias
- Texto del Reglamento preparado para su adopción: documento PE-CONS 34/26, de 4 de noviembre de 2026 (Consejo de la Unión Europea, registro público de documentos)
- Consejo de la Unión Europea, nota de prensa de 19 de noviembre de 2026: «El Consejo da luz verde a nuevas normas de la UE para proteger a personas adultas vulnerables»
- Parlamento Europeo, Observatorio Legislativo: ficha del procedimiento 2023/0169(COD)
- Propuesta de la Comisión, COM(2023) 280 (EUR-Lex)
- Comisión Europea: página sobre la protección de los adultos
- EFE, «La UE aprueba la ley para garantizar los derechos de adultos vulnerables», 19 de noviembre de 2026 (en Infobae)
- Europa Press, «La UE crea un certificado europeo para proteger y representar a adultos vulnerables en cualquier país», 20 de noviembre de 2026 (en Hablando en Plata)