El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en materia de responsabilidad civil sanitaria y seguros, abordando cuestiones fundamentales sobre el cómputo del plazo de prescripción en casos de daño cerebral neonatal y la legitimación de las aseguradoras.
Los hechos del caso
La sentencia 876/2025 resuelve un caso iniciado por los padres de un menor que sufrió secuelas neurológicas durante el parto en 2010. El niño presentó encefalopatía hipóxico-isquémica que derivó en parálisis cerebral, con un grado de discapacidad que evolucionó del 33% inicial al 65% en 2015.
Los demandantes ejercitaron acción directa contra Segurcaixa Adeslas, aseguradora del Servicio Gallego de Salud (Sergas), reclamando indemnización por los daños causados al menor.
La cuestión de la prescripción
Criterio de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial consideró prescrita la acción, entendiendo que el diagnóstico definitivo se había establecido en junio de 2013 mediante resonancia magnética cerebral, y que desde esa fecha había transcurrido más de un año hasta la reclamación administrativa de agosto de 2014.
Doctrina del Tribunal Supremo
El Alto Tribunal aplica la doctrina actio nondum nata non praescribitur, estableciendo que el plazo de prescripción no comienza hasta la consolidación definitiva de las lesiones. En casos de daño cerebral neonatal, esta consolidación presenta particularidades específicas:
- Factor evolutivo: En menores, la determinación de secuelas neurológicas puede dilatarse en el tiempo debido a los cambios inherentes al crecimiento
- Continuidad terapéutica: La existencia de tratamiento activo no finalizando indica ausencia de estabilización lesional
- Evaluaciones progresivas: Los cambios en el grado de discapacidad evidencian la evolución del cuadro clínico
El seguro de grandes riesgos
Características contractuales
La póliza suscrita entre el Sergas y la aseguradora se configuró como seguro de grandes riesgos, lo que implica:
- Exclusión del carácter imperativo de la Ley de Contrato de Seguro
- Prevalencia del principio de autonomía de la voluntad
- Negociación en plano de igualdad entre las partes
Cláusulas de cobertura temporal
El contrato establecía limitaciones específicas sobre la cobertura de reclamaciones, excluyendo aquellas “cubiertas por otras pólizas contratadas con anterioridad”. La documentación acreditaba la existencia de cobertura previa con Zurich Seguros, contra la que los demandantes habían dirigido previamente un acto de conciliación.
La problemática de la vía administrativa previa
Incompatibilidad procedimental
El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre la incompatibilidad entre el ejercicio previo de la vía administrativa y la posterior acción directa civil contra la aseguradora:
- La resolución administrativa desestimatoria adquirió firmeza
- No se puede revisar un acto administrativo a través de la jurisdicción civil
- La acción directa exige no haber acudido previamente a la vía administrativa
Presupuestos de la acción directa
La constatación de responsabilidad del asegurado constituye presupuesto básico para la prosperabilidad de la acción directa contra la entidad aseguradora. La inexistencia de responsabilidad administrativa excluye la obligación aseguradora.
Aspectos procesales relevantes
Carga de la prueba en prescripción
El Tribunal recuerda que corresponde a quien opone la excepción de prescripción probar el hecho que da lugar al cómputo del plazo, debiendo resolverse las dudas a favor del titular del derecho reclamado.
Efectos de la interrupción
Se confirma que el desistimiento de una demanda interrumpe el curso prescriptivo, y que la acción dirigida contra el asegurado interrumpe la acción contra la compañía de seguros.
Implicaciones doctrinales
La sentencia consolida criterios jurisprudenciales relevantes sobre la determinación del dies a quo en casos de daño cerebral infantil, estableciendo parámetros médico-legales para valorar la estabilización lesional en patologías neurológicas evolutivas.
Asimismo, refuerza la doctrina sobre la incompatibilidad procedimental entre vías administrativa y civil en el ámbito de la responsabilidad sanitaria pública, delimitando claramente los presupuestos para el ejercicio de la acción directa contra aseguradoras de administraciones públicas.
