El Bundesgerichtshof (BGH) ha dictado un auto (XII ZB 1/25, de 9 de abril de 2025) sobre la autorización judicial de la Unterbringung (internamiento involuntario) de personas con enfermedades mentales, en el que subraya la necesidad de una justificación especialmente rigurosa cuando la medida se extiende más allá de un año[1][3].
¿De qué trata el caso?
La afectada, diagnosticada de esquizofrenia paranoide, recurrió la decisión judicial que autorizaba su internamiento por un periodo superior a un año, basándose en informes periciales que recomendaban hasta tres años de internamiento. El tribunal de primera instancia y la Audiencia Provincial de Bamberg habían seguido las recomendaciones de los peritos sin aportar una motivación detallada sobre la necesidad de superar el límite anual[1].
La decisión del BGH
El BGH revocó la decisión en la parte que autorizaba el internamiento más allá del 12 de noviembre de 2025 (es decir, por más de un año), argumentando que:
- La ley (§ 329 Abs. 1 Satz 1 FamFG) establece como regla general una duración máxima de un año para la Unterbringung, pudiendo llegar a dos años solo en casos de necesidad “obvia” y debidamente motivada.
- Para superar el límite de un año, el tribunal debe justificar de forma clara y concreta la imposibilidad de mejoría del paciente o la necesidad de una terapia prolongada, basándose en hechos específicos y no solo en valoraciones generales o en la simple opinión de los peritos.
- En este caso, ni los informes periciales ni las resoluciones judiciales previas explicaban por qué no cabía esperar una mejoría durante el primer año de internamiento, ni por qué era imprescindible una medida más prolongada. La mera previsión de que el estado de la paciente “probablemente no mejoraría” no es suficiente[1][3].
El BGH devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Bamberg para que motive adecuadamente, si procede, la necesidad de una Unterbringung superior a un año. Este auto refuerza la protección del derecho fundamental a la libertad personal y exige a los tribunales una justificación especialmente estricta cuando se trata de medidas tan gravosas como el internamiento involuntario prolongado[1][3].
